El presidente Gustavo Petro realizó un discurso en Montería, Córdoba, en el marco de un evento oficial sobre entrega de tierras. Durante su intervención, vinculó a sectores políticos con el paramilitarismo, cuestionó al candidato opositor sin mencionarlo directamente y afirmó que algunos terratenientes trataban a las mujeres de forma despectiva. El evento se produjo días después de que el Consejo de Estado le ordenara abstenerse de participar en política electoral. Petro se refirió al candidato opositor como un "jovencillo de Miami" y "mequetrefe", y advirtió sobre el riesgo de "espectros de la muerte" y "paracos" si la oposición llegaba al poder. También criticó al gremio ganadero, al que acusó de tener vínculos con paramilitares y de estigmatizar a las mujeres. Estas declaraciones generaron críticas de distintos sectores políticos y de la opinión pública. El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, criticó al presidente por hacer proselitismo político en lugar de ofrecer soluciones a los damnificados por la ola invernal. El senador Marcos Daniel Pineda García también cuestionó la coincidencia de la visita presidencial con cálculos políticos. El expresidente Álvaro Uribe Vélez solicitó la destitución y encarcelamiento de Petro por "cobarde instigación de violencia".

Análisis político

Se observa una estrategia política del presidente Petro de movilizar a su base electoral y deslegitimar a la oposición mediante la vinculación de esta última con el paramilitarismo y discursos de división social. El mandatario busca capitalizar el apoyo a su candidato en segunda vuelta, apelando a la memoria histórica del conflicto armado y a la defensa de los avances sociales de su gobierno. La narrativa construida por Petro se centra en presentar la elección como una disyuntiva entre el "progreso" y el "retroceso", asociando a sus adversarios con "espectros de la muerte" y "paracos". El principal beneficiado de esta estrategia, si logra movilizar a sus votantes, es el candidato del Pacto Histórico, mientras que el candidato opositor y los sectores críticos al gobierno resultan perjudicados al ser objeto de señalamientos y estigmatización. El gobernador de Córdoba y el senador Pineda García, al criticar la visita presidencial, buscan posicionarse como voces de la región que defienden los intereses locales frente a lo que perciben como un uso político de la investidura presidencial. La narrativa de estos actores se enfoca en la falta de soluciones concretas para la región y en la instrumentalización de la visita presidencial con fines electorales.