Gobernación de Cundinamarca ordena cierre de colegio tras muerte de Valeria Afanador
Resumen
La Gobernación de Cundinamarca ordenó la cancelación de la licencia de funcionamiento del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, tras concluir un proceso administrativo que halló fallas graves en los protocolos de seguridad y el deber de cuidado. La decisión se fundamenta en la falta de una ruta operativa para atender la desaparición de estudiantes y la omisión de vigilancia especial hacia Valeria Afanador, una menor con síndrome de Down que falleció por ahogamiento en agosto de 2025. La institución podrá operar hasta finalizar el calendario académico de 2026 para garantizar la continuidad educativa de los alumnos actuales.
La rectora del plantel, Sonia Ochoa Daza, tiene plazo hasta el 31 de octubre de 2026 para presentar un plan de reubicación de los estudiantes ante la Secretaría de Educación departamental. La resolución administrativa también ordena remitir el expediente a la Fiscalía General de la Nación para que evalúe posibles responsabilidades penales adicionales. Esta medida administrativa es independiente del proceso judicial en curso, donde ya se han imputado cargos por homicidio culposo a dos trabajadores del colegio.
La defensa jurídica del colegio ha manifestado su desacuerdo con la sanción y anunció que acudirá a la jurisdicción contencioso-administrativa para intentar suspender la decisión. Mientras tanto, la familia de la menor ha expresado su inconformidad con el avance de las investigaciones penales, señalando que la rectora fue excluida de las imputaciones iniciales. El caso mantiene la atención pública sobre la responsabilidad de las instituciones educativas en la protección de menores con condiciones de vulnerabilidad.
Análisis Político
La estrategia de la Gobernación se centra en el ejercicio de su potestad sancionatoria para responder a la presión social y a la exigencia de justicia por parte de las víctimas, utilizando la figura de la 'protección constitucional reforzada' para justificar una sanción ejemplarizante. Al declarar la responsabilidad administrativa, el ente territorial busca deslindarse de cualquier percepción de negligencia en la vigilancia de los servicios educativos, mientras traslada la carga de la prueba penal a la Fiscalía para evitar un desgaste político directo en el ámbito judicial.
En este escenario, la familia de la víctima gana un respaldo institucional a su narrativa de negligencia sistémica, mientras que la institución educativa pierde su legitimidad operativa y enfrenta una crisis de reputación que amenaza su viabilidad futura. La construcción de narrativas es divergente: mientras la Gobernación enfatiza la ineficacia de los protocolos y la vulnerabilidad de la menor, la defensa del colegio intenta desplazar el foco hacia la legalidad del debido proceso administrativo, buscando ganar tiempo en la justicia contenciosa para mitigar el impacto del cierre definitivo.
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