El mayor general Erick Rodríguez fue retirado del servicio activo en las Fuerzas Militares tras advertir sobre presuntas presiones de grupos armados ilegales a comunidades en el departamento del Meta. Rodríguez señaló en un consejo de seguridad que existía evidencia de carnetización de personas en áreas rurales para controlar a los ciudadanos, en el contexto de las elecciones presidenciales. Esta denuncia generó malestar en el Gobierno Nacional, que habría ordenado su retiro al considerar que sus afirmaciones podían interpretarse como una intervención en política. La salida del oficial, quien llevaba más de 35 años de carrera militar, provocó reacciones diversas en el espectro político. Sectores como el Centro Democrático criticaron la decisión, señalando que el gobierno silencia a quienes dicen la verdad. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, expresó su reflexión sobre el retiro de un oficial comprometido con la seguridad ciudadana. El candidato presidencial Abelardo de la Espriella y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también se pronunciaron, cuestionando la decisión gubernamental. El Ministerio de Defensa confirmó el retiro, aunque no detalló las razones oficiales, mientras que fuentes militares sugieren que la participación política podría ser una excusa para otras motivaciones. El general Rodríguez se despidió de la institución agradeciendo su servicio y lamentando no tener más tiempo para contribuir a un país más seguro y estable. Su retiro eleva a 80 el número de generales y almirantes que han dejado la Fuerza Pública desde agosto de 2022.

Análisis político

Se observa una estrategia del gobierno por controlar la narrativa oficial sobre la seguridad y el orden público, especialmente en contextos electorales. La salida del general Rodríguez, tras denunciar presuntas presiones de grupos armados para influir en el voto, puede interpretarse como un intento de evitar controversias que afecten la imagen gubernamental o de prevenir señalamientos de participación indebida de miembros de la fuerza pública en política. Quien gana con este evento es el gobierno, al ejercer control sobre la información y la cúpula militar, mientras que el general Rodríguez y quienes apoyan su denuncia pierden visibilidad y credibilidad en el debate público. Las narrativas se construyen de forma divergente: por un lado, el gobierno y sus voceros sugieren que el retiro obedece a la necesidad de mantener la neutralidad política de las Fuerzas Armadas y a posibles irregularidades internas. Por otro lado, críticos y algunos sectores políticos y regionales construyen una narrativa en la que el general es un oficial incómodo que fue silenciado por decir la verdad sobre la influencia de grupos armados en procesos democráticos, lo que genera preocupación sobre la protección de quienes denuncian hechos de orden público.

El mayor general Erick Rodríguez fue retirado del servicio activo en las Fuerzas Militares por orden del presidente Gustavo Petro. Su salida se produce semanas después de que el oficial advirtiera sobre presuntas acciones de carnetización y control social ejercidas por grupos armados ilegales, específicamente disidencias de las Farc, sobre comunidades rurales en el Meta y Guaviare. Estas declaraciones, realizadas en un consejo de seguridad, generaron malestar en el Gobierno y lo pusieron en el centro de un debate sobre el orden público y la seguridad electoral. La subjefatura de Operaciones Conjuntas, cargo que ocupaba Rodríguez, es clave para el seguimiento de amenazas contra el proceso electoral y la coordinación del Plan Democracia. Su retiro ocurre en un momento crítico para la seguridad de las elecciones, con el despliegue de miles de uniformados y la identificación de municipios con altos riesgos. El general Rodríguez, tras ser notificado de su retiro, expresó gratitud por sus más de 35 años de servicio y lamentó no tener más tiempo para contribuir a un país más seguro y estable. La decisión ha generado inconformidad en sectores militares, quienes consideran que el retiro envía un mensaje de desprotección a oficiales que denuncian situaciones de orden público. Mientras el Gobierno no ha emitido un pronunciamiento oficial detallando las razones, versiones extraoficiales apuntan a que sus declaraciones sobre la carnetización y el constreñimiento electoral habrían sido interpretadas como una intervención en política. El almirante Norman Cabrera asumirá provisionalmente la subjefatura.

Análisis político

La remoción del general Erick Rodríguez evidencia una estrategia del Gobierno por controlar la narrativa oficial sobre la seguridad y el orden público, especialmente en el contexto electoral. Al retirar a un oficial de alto rango que expone públicamente presuntas irregularidades y riesgos, se busca evitar que estas informaciones generen alarma o cuestionamientos directos a la gestión gubernamental en materia de paz y seguridad. Quien gana con este evento es el Ejecutivo, al ejercer control sobre la información y la cadena de mando, proyectando una imagen de autoridad y decisión. Por otro lado, el general Rodríguez y aquellos que consideran que las advertencias de seguridad deben ser escuchadas sin represalias, pierden visibilidad y voz. Se observan narrativas distintas: por un lado, la del Gobierno, que parece priorizar la estabilidad política y evitar controversias que puedan afectar la percepción de control, utilizando la supuesta intervención en política como justificación para el retiro. Por otro lado, la narrativa del general y de algunos sectores militares y regionales, que enfatizan la importancia de denunciar las amenazas a la seguridad y la democracia, presentando su remoción como una represalia por cumplir con su deber de informar. La gobernadora del Meta, por ejemplo, respalda al general, argumentando que es injusto sancionarlo por advertir sobre riesgos electorales, lo que construye una visión de un oficial valiente y un gobierno que castiga las verdades incómodas.