La Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) ha alertado sobre una situación financiera crítica en el sector eléctrico, derivada principalmente de una deuda acumulada de 3,3 billones de pesos por parte de la empresa intervenida Air-e. De este monto, 2,1 billones corresponden a pasivos vencidos con las plantas térmicas, las cuales son fundamentales para garantizar el suministro energético durante el fenómeno de El Niño. Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de Andeg, ha señalado que esta falta de liquidez pone en riesgo la capacidad operativa de las generadoras para adquirir combustibles esenciales como gas y carbón. El Gobierno nacional anunció recientemente una destinación de 1,5 billones de pesos para sanear las deudas del sistema eléctrico, medida que fue recibida con optimismo por el gremio como un alivio necesario para fortalecer el capital de trabajo. A pesar de este respaldo, los generadores insisten en que se requiere una solución estructural urgente para detener el crecimiento mensual de la deuda, que en julio aumentó en 380.000 millones de pesos. La preocupación se intensifica ante la proximidad de la temporada seca, donde se espera que la generación térmica aporte entre el 50% y el 55% de la demanda nacional. La crisis financiera se suma a un contexto de déficit de energía firme y retrasos en proyectos de transmisión, lo que ha llevado a los bancos a calificar a las generadoras como clientes de mayor riesgo. El gremio ha propuesto un plan de pagos donde el Gobierno cubra el faltante mensual de la factura de Air-e para evitar que el desangre continúe. La estabilidad del Sistema Interconectado Nacional depende, según Andeg, de la capacidad de las empresas para mantener su flujo de caja y de la reconstrucción de la confianza institucional para atraer inversiones futuras.

Análisis político

La estrategia política de Andeg se centra en la presión pública y técnica para forzar una intervención estatal que garantice la liquidez del mercado, utilizando el riesgo inminente de un apagón como herramienta de negociación. Al posicionar la deuda de Air-e como un problema de seguridad nacional y no solo comercial, el gremio traslada la responsabilidad de la crisis al Gobierno, obligándolo a priorizar el salvamento financiero del sector para evitar un costo político mayor derivado de una posible falla en el servicio. En este escenario, el Gobierno gana margen de maniobra al presentar los 1,5 billones de pesos como una solución concreta, aunque pierde capacidad de maniobra fiscal al verse obligado a cubrir los pasivos de una empresa intervenida. La narrativa de los generadores se construye sobre la urgencia y la desconfianza bancaria, mientras que el Ejecutivo intenta proyectar control y estabilidad. El resultado es una interdependencia forzada donde el sector privado condiciona su operatividad a la solvencia que el Estado pueda garantizar, dejando la responsabilidad del suministro en manos de una gestión financiera compartida.