Frustran atentado con 117 kilos de explosivos en el peaje Cano Bajo de NariñoActualizado · hace 1 día
Resumen
La Policía Nacional interceptó un vehículo Renault en el sector de Cano Bajo, municipio de Chachagüí, Nariño, que transportaba 117 kilogramos de explosivos distribuidos en 78 artefactos artesanales tipo tatuco. Durante el operativo, realizado en la vía Panamericana, las autoridades lograron la captura de una persona en flagrancia, mientras que un segundo ocupante del automotor consiguió escapar. El material incautado incluía dos cilindros de 40 libras, cargas impulsoras y pólvora negra, elementos que habrían sido destinados para atacar la infraestructura del peaje local.
El presidente Abelardo de la Espriella confirmó el hallazgo y destacó la labor de los uniformados de Tránsito y Transporte, señalando que la acción evitó una posible tragedia en una zona de alto flujo vehicular. Las investigaciones preliminares apuntan a que el cargamento procedía del corregimiento de El Remolino, en Taminango, y se analiza la posible responsabilidad del frente Franco Benavides de las disidencias de las Farc, estructura que delinque en la región bajo el mando de alias Iván Mordisco. Las autoridades mantienen las indagaciones para esclarecer la logística del atentado y dar con los demás responsables.
Este evento se enmarca en una serie de acciones violentas recientes que el Gobierno atribuye a una reacción de los grupos armados ilegales ante la presión de la Fuerza Pública. El mandatario reiteró que la ofensiva estatal contra estas organizaciones no disminuirá y que se mantendrán los protocolos de seguridad para proteger a la población civil. La zona permaneció bajo vigilancia mientras se realizaban las labores de desactivación y control del material explosivo incautado.
Análisis Político
La estrategia política del Gobierno se centra en capitalizar el éxito operativo para reforzar una narrativa de control y firmeza frente a las disidencias de las Farc. Al vincular directamente el intento de atentado con la presión ejercida por la Fuerza Pública, el presidente De la Espriella busca transformar un hecho de orden público en una validación de su política de seguridad, presentando a los grupos armados como actores acorralados y desesperados.
En este escenario, el Gobierno gana legitimidad al mostrar resultados tangibles en la protección de la infraestructura crítica y la población civil, mientras que las disidencias de las Farc pierden capacidad operativa y ven expuesta su estrategia de sabotaje. La narrativa oficial construye una dicotomía clara entre la capacidad legítima del Estado y el terrorismo, utilizando el evento para justificar la continuidad de la ofensiva militar y rechazar cualquier posibilidad de retroceso en la confrontación armada.
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