La industria salmonera, a través de SalmonChile, contrató al exministro de Justicia y Seguridad, Luis Cordero, y al abogado Patricio Zapata para defender ante el Tribunal Constitucional (TC) los artículos 5 y 6 de la Ley de Reconstrucción. Estas disposiciones, actualmente impugnadas por parlamentarios de oposición, regulan las microrrelocalizaciones de centros de cultivo y el financiamiento privado de inspecciones en bancos naturales. El gremio sostiene que estas medidas son necesarias para destrabar procesos estancados por más de 15 años y mejorar las condiciones ambientales de la actividad acuícola. Durante las audiencias públicas, Cordero argumentó que los cuestionamientos presentados no constituyen problemas de constitucionalidad, sino desacuerdos de mérito que deben resolverse en el ámbito democrático. Esta postura fue refutada por otros actores en la misma instancia, quienes cuestionaron la omisión de evaluaciones ambientales y el derecho de la población a opinar sobre los cambios de ubicación de los centros de cultivo. La sesión también estuvo marcada por la controversia sobre un requerimiento adicional presentado por el Ejecutivo respecto a la reconexión de servicios básicos en zonas de catástrofe. La participación de Cordero generó una fuerte reacción al interior del Frente Amplio, cuyos dirigentes calificaron el hecho como un caso de "puerta giratoria". Las candidatas a la presidencia del partido, Constanza Martínez y Gael Yeomans, criticaron que un exsecretario de Estado asuma la defensa de intereses privados frente a un proyecto de ley impulsado por el actual gobierno. En respuesta, Yeomans propuso extender las inhabilidades para exautoridades, argumentando que la regulación actual es insuficiente para evitar conflictos de interés entre el sector público y el privado.

Análisis político

La estrategia política observada refleja una tensión creciente entre la tecnocracia jurídica y la ética política en el Chile actual. Al contratar a figuras de la centroizquierda como Cordero y Zapata, la industria salmonera busca dotar de legitimidad técnica y política a sus intereses económicos, intentando despolitizar el debate al reducirlo a una cuestión de "mérito" legislativo. Por otro lado, el Frente Amplio utiliza este evento para reafirmar su identidad ideológica, capitalizando el descontento contra la "puerta giratoria" para marcar una diferencia clara frente a las prácticas tradicionales de la política y el empresariado. En este escenario, el Frente Amplio gana capital político simbólico al posicionarse como un fiscalizador ético, aunque corre el riesgo de profundizar las fracturas dentro de su propio sector al cuestionar a figuras que fueron parte de la administración anterior. La industria salmonera, por su parte, gana una defensa técnica de alto perfil, pero pierde en la arena de la opinión pública al quedar expuesta a críticas sobre sus vínculos con el poder político. La narrativa se construye bajo una dicotomía: mientras el gremio enfatiza la eficiencia y la sostenibilidad técnica, sus críticos construyen un relato sobre la defensa de los intereses económicos frente al bienestar social y la probidad pública.