Formalizan a ex jefe de la Bridec de la PDI por abuso sexual
Resumen
El subprefecto David Castro, ex jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Metropolitana de la PDI, fue formalizado por el delito de abuso sexual contra una funcionaria subalterna. Los hechos habrían ocurrido en un domicilio particular tras una celebración de Fiestas Patrias, donde la víctima denunció tocamientos sin su consentimiento. La Fiscalía Centro Norte presentó registros fotográficos captados por otros funcionarios como evidencia clave del caso.
La institución policial activó los protocolos internos tras conocer la denuncia, trasladando a la afectada a la Brigada de Delitos Sexuales para iniciar el procedimiento. Castro, quien lideraba investigaciones de alta connotación pública como el fraude en Junaeb y casos de licencias médicas falsas, presentó su renuncia voluntaria a la PDI. La fiscalía enfatizó que el imputado se encontraba consciente al momento de cometer la conducta denunciada.
El 7º Juzgado de Garantía de Santiago decretó un plazo de 90 días para la investigación. Durante este periodo, el ex oficial quedó sujeto a las medidas cautelares de arraigo nacional, prohibición de acercarse a la víctima y a su lugar de trabajo, además de la restricción para portar armas de fuego. El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género confirmó que se está brindando acompañamiento psicosocial y jurídico a la denunciante.
Análisis Político
La estrategia institucional de la PDI se centra en la rápida desvinculación del mando involucrado para contener el daño reputacional, activando protocolos de denuncia interna que buscan proyectar transparencia ante la opinión pública. Esta respuesta busca aislar el caso como una conducta individual, evitando que la crisis de confianza afecte la legitimidad de las investigaciones de alta complejidad que el imputado lideraba anteriormente.
El Ministerio Público y el Gobierno ganan legitimidad al demostrar celeridad en la formalización y el acompañamiento a la víctima, mientras que la institución policial pierde capital político al verse involucrada en un caso de abuso de poder y subordinación. La narrativa se construye desde la Fiscalía como un delito cometido con plena conciencia, contraponiéndose a cualquier intento de defensa basado en el consumo de alcohol, lo que refuerza la gravedad del abuso en un contexto de jerarquía institucional.
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