Fondo Milagro inicia reconstrucción con demoliciones y presupuesto de 624.000 millones de pesosActualizado · hoy
Resumen
El Fondo Milagro, creado para la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto, iniciará su fase operativa con la demolición de viviendas en riesgo de colapso. Esta decisión se tomó tras la aprobación del Plan de Acción Específico (PAE) y la convocatoria de la primera sesión de su consejo directivo. El gerente del fondo, Jaime Uribe, confirmó que la entidad operará con 624.000 millones de pesos provenientes de crédito multilateral, adicionales a los 360.000 millones ya ejecutados en la atención inicial de la emergencia.
La estructura del fondo cuenta con un consejo directivo integrado por siete miembros, incluyendo delegados presidenciales y representantes de gremios empresariales. El gerente Uribe enfatizó que el fondo actuará como un facilitador y líder de la reconstrucción, sin reemplazar las funciones de los ministerios o la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. La entidad priorizará la unificación de criterios para el diagnóstico de daños y la atención integral, que incluye apoyo psicológico y recuperación de infraestructura educativa y de salud.
La gestión del fondo ha generado diversas reacciones en el ámbito político. Mientras el Gobierno destaca la celeridad en la constitución del patrimonio autónomo y la transparencia en el manejo de recursos, sectores de la oposición han cuestionado la demora en el inicio de las obras. Congresistas han solicitado mayor claridad sobre la integración de donaciones privadas y han criticado el tiempo transcurrido desde la emergencia, instando a una ejecución más rápida para las familias damnificadas.
Análisis Político
La estrategia del Gobierno se centra en la tecnificación y centralización de la reconstrucción a través de un patrimonio autónomo, buscando blindar la ejecución de recursos mediante la participación de figuras del sector privado en su consejo directivo. Esta narrativa busca proyectar eficiencia y transparencia, distanciándose de los modelos tradicionales de gestión pública que el presidente ha calificado como ineficaces o propensos a la corrupción.
El Gobierno gana legitimidad al materializar la respuesta estatal tras dos meses de críticas por la lentitud, mientras que la oposición capitaliza el descontento de las víctimas para cuestionar la capacidad de respuesta del Ejecutivo. La construcción de narrativas es divergente: el oficialismo enfatiza la rigurosidad técnica y la llegada directa de ayudas sin intermediarios, mientras que la oposición subraya la persistencia de la crisis humanitaria en los territorios como una falla en la gestión gubernamental.
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