La empresa Lili Pink designó un nuevo equipo de abogados, conformado por Laura Kamila Toro, Andrés Eduardo Jiménez Camargo y Juan David Bazzani Montoya, para asumir su defensa en el proceso penal que enfrenta. Este movimiento se produjo debido a que el anterior abogado defensor, Iván Cancino, fue nombrado ministro de Justicia. La compañía enfrenta actualmente una audiencia de imputación de cargos por parte de la Fiscalía General de la Nación. La investigación judicial señala a directivos y propietarios de la marca, entre ellos Max Marvin Abadi y David Max Abadi Homsani, por presuntos delitos de contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Según el ente acusador, la organización habría operado mediante una red de empresas fachada y sociedades en el exterior para evadir controles aduaneros y blanquear recursos. La Fiscalía estima que el esquema habría movilizado mercancías y activos por cifras superiores a los 700.000 millones de pesos. La empresa emitió un comunicado oficial para aclarar que sus directivos residen fuera del país desde antes del inicio de la investigación, desmintiendo versiones sobre una supuesta fuga. Asimismo, la compañía reafirmó su compromiso con la legalidad y la presunción de inocencia, asegurando que sus operaciones comerciales continúan desarrollándose con normalidad. El proceso judicial sigue su curso con la vinculación de ocho personas señaladas de integrar esta estructura delictiva.

Análisis político

La estrategia de defensa de Lili Pink busca mitigar el impacto reputacional y legal mediante la contratación de un bufete con amplia experiencia en procesos de alto perfil y conexiones en el sector judicial. Al reemplazar a un abogado que ahora ocupa una cartera ministerial, la empresa intenta desvincularse de cualquier percepción de conflicto de intereses o tráfico de influencias, mientras intenta estabilizar su imagen pública ante la opinión nacional. En este escenario, la Fiscalía gana terreno al consolidar su narrativa sobre la existencia de una red de empresas fachada, utilizando la audiencia de imputación para exponer detalles técnicos que debilitan la posición de los empresarios. Por su parte, los dueños de la marca pierden capacidad de maniobra al enfrentar cargos graves, viéndose obligados a construir una narrativa de normalidad operativa y transparencia para evitar una crisis de confianza con sus grupos de interés y colaboradores.