Fiscalía revela que minoría de adolescentes concentra gran parte de la actividad delictiva
Resumen
La Fiscalía Nacional presentó un informe sobre la responsabilidad penal adolescente en Chile, analizando datos entre 2015 y 2025. El estudio revela una disminución del 20% en los ingresos al sistema penal durante la última década, destacando que la mayoría de los jóvenes abandona la actividad delictiva tempranamente. Sin embargo, se identificó que un grupo reducido de infractores, equivalente al 10%, concentra el 43% de los delitos registrados.
Las autoridades del Ministerio Público, Ana María Morales y Alejandra Mera, explicaron que el fenómeno es heterogéneo y requiere respuestas diferenciadas. Mientras que para los perfiles de desistimiento temprano se sugiere priorizar salidas alternativas y justicia restaurativa, para los perfiles persistentes y violentos se propone una persecución penal focalizada. El informe también advierte un aumento en la participación de adolescentes en delitos vinculados a drogas y armas, a menudo en conjunto con adultos jóvenes.
Este análisis surge en un momento de debate legislativo sobre la reforma a la responsabilidad penal adolescente en el Congreso. La Fiscalía reconoce que el sistema actual presenta deficiencias al permitir que las carreras delictivas de los grupos más persistentes se consoliden. Los datos servirán como insumo técnico para ajustar las políticas públicas de persecución y reinserción social en el país.
Análisis Político
La estrategia política observada busca desplazar el enfoque punitivo generalizado hacia uno de persecución diferenciada, utilizando la evidencia técnica para legitimar la necesidad de intervenciones focalizadas. Al distinguir entre adolescentes con desistimiento temprano y perfiles prolíficos, el Ministerio Público intenta reducir la presión sobre el sistema judicial, optimizando recursos hacia los grupos que representan un mayor riesgo social y de seguridad pública.
En este escenario, el Ministerio Público gana legitimidad técnica al aportar datos empíricos que fundamentan la discusión legislativa, mientras que el Ejecutivo se ve obligado a ajustar sus propuestas, como ocurrió con el retiro de la medida para juzgar a menores como adultos. La narrativa se construye bajo una tensión entre la necesidad de mano dura contra el crimen organizado y la evidencia de que la mayoría de los jóvenes infractores no reincide, lo que obliga a los actores políticos a equilibrar la seguridad ciudadana con la reinserción social.
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