La Fiscalía General de la Nación reprogramó para los días 18, 19 y 20 de agosto la diligencia de indagatoria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La decisión responde a una solicitud presentada por la defensa del exmandatario, quien inicialmente debía comparecer el 24 de julio. El proceso judicial investiga la presunta responsabilidad de Uribe en la conformación de grupos paramilitares, las masacres de La Granja y El Aro, y el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, ocurridos durante su gestión como gobernador de Antioquia en la década de los noventa. El expresidente ha calificado el proceso como una persecución política y un atropello, argumentando que la Fiscalía lo ha citado sin haber practicado la totalidad de las pruebas decretadas. Uribe sostiene que el ente investigador busca una revancha política y ha señalado supuestos intereses de sectores cercanos al Gobierno nacional para lograr su encarcelamiento. Por su parte, un grupo de 38 juristas ha manifestado su preocupación por el desarrollo del proceso, solicitando garantías constitucionales y el respeto al derecho a la defensa del exmandatario. Las investigaciones, que tienen antecedentes desde el año 2000, fueron retomadas por la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia tras la renuncia de Uribe al Senado en 2020. El caso se fundamenta en testimonios de exparamilitares, incluyendo declaraciones recientes de Salvatore Mancuso ante la Jurisdicción Especial para la Paz. La defensa insiste en que la falta de práctica de pruebas esenciales impide un ejercicio legítimo de defensa, mientras que el ente acusador mantiene la vinculación formal del exmandatario por delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida.

Análisis político

La estrategia política de Álvaro Uribe se centra en la victimización y la deslegitimación de la institucionalidad judicial, presentándose como un perseguido político por parte de una Fiscalía que, según su narrativa, actúa bajo presiones del Gobierno actual. Al denunciar la falta de garantías y la ausencia de pruebas, el expresidente busca movilizar a su base electoral y a sectores jurídicos, construyendo un relato de indefensión que busca restar credibilidad a cualquier fallo adverso que pueda surgir en el futuro. En este escenario, el expresidente arriesga su capital político y su libertad, mientras que el Gobierno y sus aliados capitalizan el avance del proceso como una validación de sus denuncias históricas sobre los vínculos del uribismo con el paramilitarismo. La narrativa del oficialismo se fortalece al ver cómo el sistema judicial avanza en casos emblemáticos de los años noventa, mientras que el Centro Democrático pierde terreno al verse obligado a defender a su líder natural en múltiples frentes judiciales, lo que desgasta su capacidad de maniobra política de cara a los próximos ciclos electorales.