Fiscalía pide investigar a Gustavo Petro por muerte de menor con hemofilia
Resumen
La Fiscalía General de la Nación compulsó copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que evalúe la posible responsabilidad del expresidente Gustavo Petro en la muerte de Kevin Acosta. El menor, quien padecía hemofilia, falleció en febrero de 2026 tras una presunta falta de suministro del medicamento Emicizumab por parte de la Nueva EPS, entidad que se encontraba bajo intervención estatal. La investigación busca determinar si el exmandatario incurrió en homicidio culposo y violación agravada de datos personales al divulgar la historia clínica del niño.
Paralelamente, la Fiscalía citó a audiencia de imputación por homicidio culposo a cuatro exfuncionarios vinculados a la Nueva EPS, incluyendo al entonces agente interventor, Luis Óscar Galves Mateus. La familia de la víctima, a través de su representación legal, solicitó al Congreso de la República cancelar los permisos de salida del país del expresidente Petro. Argumentan que su gestión en el sistema de salud y la intervención de la EPS fueron factores determinantes en la negligencia médica que derivó en el deceso.
El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, calificó la solicitud de la familia como extemporánea y señaló que la decisión de permitir los viajes del exmandatario ya fue tomada por la plenaria del Senado. Por su parte, Gustavo Petro ha negado la comisión de delitos y ha manifestado que permanecerá en el país de forma intermitente. Mientras el proceso judicial avanza, la discusión se centra en la responsabilidad administrativa de la entidad intervenida frente a la responsabilidad penal individual de los funcionarios y del exjefe de Estado.
Análisis Político
La estrategia de la defensa de la familia de Kevin Acosta busca judicializar la gestión política del sistema de salud durante el gobierno anterior, utilizando la figura de la 'posición de garante' para vincular directamente al expresidente con las fallas operativas de la Nueva EPS. Al solicitar el impedimento de salida del país, la parte querellante intenta elevar el costo político del exmandatario, transformando un caso de negligencia médica en un símbolo de la crisis del modelo de salud implementado por el Pacto Histórico.
En este escenario, el expresidente Petro intenta mantener una narrativa de persecución política, desestimando las acusaciones como infundadas y reafirmando su rol como jefe de la oposición. Mientras los denunciantes ganan visibilidad mediática y presión institucional, el expresidente pierde margen de maniobra al verse obligado a responder ante instancias judiciales, lo que debilita su capacidad de maniobra política frente a la actual administración.
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