Fiscalía pide investigar a Gustavo Petro por caso del menor Kevin Acosta
Resumen
La Fiscalía General de la Nación compulsó copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para investigar al presidente saliente, Gustavo Petro. El ente acusador busca determinar si el mandatario incurrió en los delitos de violación de datos personales agravado y homicidio culposo. Esta acción surge tras la divulgación pública de la historia clínica del menor Kevin Acosta, quien falleció por complicaciones de hemofilia mientras esperaba tratamiento de la Nueva EPS, entidad bajo intervención estatal.
El Ministerio de Salud intentó obtener mediante una acción de tutela el informe de necropsia del menor, pero un juez declaró improcedente la solicitud al considerar que el documento tiene reserva judicial. La Fiscalía sostiene que el presidente utilizó información confidencial sin autorización de la familia para intentar eximir al Gobierno de su responsabilidad en la crisis del sistema de salud. El ente investigador argumenta que Petro ostenta una posición de garante debido a la intervención de la EPS y la designación de auditores que presuntamente omitieron sus funciones.
El caso ha generado un intenso debate sobre el uso de canales institucionales para fines políticos y la protección de datos de menores de edad. Mientras el Gobierno atribuyó inicialmente el deceso a una caída accidental y a supuestas omisiones de la madre, la Fiscalía señala que las fallas en la prestación del servicio fueron factores determinantes. La investigación en la Comisión de Acusaciones determinará si existió una infracción legal por parte del jefe de Estado en el manejo de este caso.
Análisis Político
La estrategia del Gobierno se centró en la narrativa de la responsabilidad individual de la familia y la defensa de la gestión de la Nueva EPS, buscando desviar la atención sobre las fallas estructurales del sistema de salud intervenido. Al divulgar la historia clínica, el Ejecutivo intentó controlar el relato público, pero esta acción terminó convirtiéndose en un pasivo judicial que ahora enfrenta el mandatario ante el legislativo.
La Fiscalía gana legitimidad institucional al actuar como contrapeso frente a las actuaciones del Ejecutivo, mientras que el presidente pierde capital político al quedar expuesto a una investigación formal por presunta violación de derechos fundamentales. La construcción de narrativas es opuesta: el Gobierno presenta el caso como un accidente ajeno a su gestión, mientras que el ente acusador lo enmarca como una negligencia administrativa agravada por una conducta ilegal del primer mandatario.
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