La Fiscalía General de la Nación ordenó abrir un cuaderno incidental para investigar al abogado Miguel Ángel del Río, representante de la parte civil en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esta decisión responde a dos memoriales presentados por el abogado defensor Jaime Granados, quien acusa a Del Río de vulnerar la reserva sumarial al publicar detalles sobre diligencias judiciales en redes sociales. El ente acusador otorgó un plazo de cinco días hábiles al abogado señalado para que presente sus descargos y pruebas pertinentes. El conflicto se originó tras una publicación de Del Río el 26 de octubre, donde reveló que la Fiscalía escucharía en declaración a los exparamilitares alias 'Don Berna' y 'Julián Bolívar'. La defensa de Uribe argumenta que esta información estaba protegida por una estricta reserva confidencial, especialmente al tratarse de una carta rogatoria dirigida a autoridades de Estados Unidos. Según Granados, la divulgación anticipada de estos nombres y procedimientos compromete la gestión judicial y la seguridad de las diligencias internacionales. La Fiscalía, además de requerir explicaciones a Del Río, emitió un llamado de atención general a todos los sujetos procesales para que se abstengan de difundir información del expediente. El organismo advirtió que el incumplimiento de esta orden podría derivar en medidas correccionales bajo la Ley 600 de 2000 y posibles sanciones disciplinarias. Esta actuación busca garantizar el debido proceso, la contradicción y la integridad de las partes involucradas en la investigación por las masacres de El Aro y La Granja.

Análisis político

La estrategia de la defensa de Uribe se centra en la judicialización de las comunicaciones de su contraparte, buscando limitar el impacto mediático de las revelaciones sobre el proceso mediante la invocación de la reserva sumarial. Al solicitar sanciones económicas y disciplinarias, Granados intenta establecer un precedente que inhiba a Del Río de utilizar las redes sociales como plataforma para exponer avances del caso, trasladando la disputa del terreno público al estrictamente procesal. En este escenario, la Fiscalía asume un rol de árbitro que busca proteger la legitimidad del proceso, aunque la medida afecta principalmente la narrativa de la parte civil, que suele utilizar la transparencia mediática como herramienta de presión. Mientras la defensa gana terreno al forzar una restricción de información, Del Río pierde capacidad de maniobra pública, enfrentando ahora un proceso incidental que podría derivar en sanciones si se comprueba la violación de la confidencialidad.