Fiscalía judicializa a dos mujeres por presunta tortura contra un menor en Atlántico
Resumen
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Mileidys Nohemí Viloria Sanjuanelo, madre de un niño de siete años, y a su pareja, Sindy Patricia Santiago Echeverría, por presuntos actos de tortura y lesiones personales agravadas. Los hechos habrían ocurrido entre 2024 y 2026 en los municipios de Barranquilla y Soledad, donde el menor fue sometido a agresiones físicas reiteradas con objetos como varillas, cinturones y cucharas. La gravedad de las heridas, que incluyeron la pérdida de uñas y lesiones en el rostro, obligó a que la víctima fuera sometida a una cirugía maxilofacial reconstructiva.
La investigación reveló que el menor fue desescolarizado deliberadamente para evitar que docentes o autoridades detectaran el maltrato. Medicina Legal otorgó una incapacidad de 25 días y confirmó una deformidad física permanente en el rostro del niño, quien actualmente se encuentra bajo la custodia de su padre biológico. El ente acusador presentó testimonios del menor, quien relató episodios de violencia física y psicológica ocurridos en las viviendas donde residía con las procesadas.
Durante las audiencias preliminares, las dos mujeres no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía. La defensa solicitó un aplazamiento para revisar los elementos probatorios y la historia clínica del menor, por lo que el juez de control de garantías fijó la continuación de la diligencia para el 5 de octubre de 2026. En dicha fecha se definirá si las procesadas deberán cumplir una medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras avanza el proceso penal.
Análisis Político
La estrategia de la Fiscalía se centra en la visibilización de la violencia intrafamiliar como un problema de salud pública y seguridad, utilizando el caso para enviar un mensaje de tolerancia cero frente a la vulneración de derechos de menores. Al exponer detalles sobre la desescolarización del niño, el ente acusador construye una narrativa de premeditación y ocultamiento, lo que refuerza la gravedad de los delitos imputados y justifica la solicitud de medida de aseguramiento intramural ante la opinión pública.
En este escenario, el Estado y las instituciones de protección infantil ganan legitimidad al actuar sobre un caso de alta sensibilidad social, mientras que las procesadas pierden cualquier respaldo social al ser señaladas por actos de crueldad extrema. La narrativa se construye desde la protección de la integridad del menor, contrastando la responsabilidad de los cuidadores con el deber constitucional de salvaguardar la vida, lo que posiciona a la justicia como el único actor capaz de restaurar el orden tras la falla del núcleo familiar.
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