Fiscalía investiga presunto pacto del gobierno Petro para incriminar a opositores políticos

Octubre 22, 2026

Fiscalía investiga presunto pacto del gobierno Petro para incriminar a opositores políticos

Resumen i

La Fiscalía General de la Nación compulsó copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para investigar al expresidente Gustavo Petro por el denominado Pacto de Valledupar. Este caso surge tras denuncias de la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, y el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quienes señalaron que funcionarios del gobierno anterior habrían presionado a excomandantes de las AUC para declarar falsamente contra Álvaro Uribe, Germán Vargas Lleras y Abelardo De La Espriella. La Procuraduría también inició indagaciones disciplinarias contra Rodríguez y el exministro Armando Benedetti por su presunta participación en este plan.

Los excomandantes de las AUC emitieron un pronunciamiento conjunto rechazando la autenticidad de un documento que circula sobre estos acuerdos, aclarando que el único texto legítimo es un comunicado firmado el 24 de octubre de 2025. En dicho documento, se establecía una ruta para el cierre del proceso de paz de Ralito y la reparación a las víctimas, desmarcándose de las acusaciones sobre ofrecimientos judiciales o políticos. Los firmantes, entre ellos Mancuso, insistieron en que su compromiso se limita a la verdad y la justicia, rechazando cualquier instrumentalización de su proceso para fines electorales.

El expresidente Gustavo Petro ha negado categóricamente haber ordenado presiones o montajes judiciales contra sus opositores. Su defensa presentó denuncias penales contra Rodríguez y Mancuso, argumentando que las acusaciones son falsas y buscan desprestigiar su gestión. Paralelamente, la familia del fallecido exvicepresidente Germán Vargas Lleras anunció acciones legales ante la Comisión de Acusación, calificando los hechos como un intento de entrampamiento criminal durante el periodo electoral de 2026.

Análisis Político i

El evento revela una estrategia de confrontación judicial donde el uso de testimonios de exactores armados se convierte en un arma política para deslegitimar adversarios. La narrativa del gobierno anterior se centra en la defensa de la paz total y el cierre de procesos históricos, mientras que sus detractores construyen un relato de corrupción y abuso de poder estatal para alterar el curso de las elecciones de 2026. Esta polarización busca trasladar la disputa política al terreno de la Comisión de Acusaciones, donde la responsabilidad penal se diluye en un proceso de largo aliento.

En este escenario, el mayor perdedor es la credibilidad de las instituciones encargadas de la paz, cuya legitimidad queda comprometida por las denuncias de instrumentalización. Por otro lado, los actores políticos involucrados en las acusaciones ganan visibilidad mediática, aunque se exponen a un desgaste reputacional severo. La construcción de narrativas opuestas, donde cada bando presenta documentos o testimonios selectivos, refleja una lucha por el control del relato histórico sobre el cierre del conflicto con las AUC y la ética de la administración saliente.

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