Fiscalía investiga al exdiputado Fuenzalida por presunta cuota de sueldos y obstrucción a la justiciaActualizado · hace 29 días
Resumen
El Ministerio Público abrió una investigación contra el exdiputado de la UDI, Juan Manuel Fuenzalida, tras la declaración de su exjefa de gabinete ante la Fiscalía Oriente. La testigo denunció un mecanismo de fraude al fisco donde el parlamentario exigía la devolución en efectivo de parte de las remuneraciones de sus asesores, bajo la modalidad de aumentos mediante anexos de contrato. Este esquema, denominado internamente como la "cuota Fuenzalida", guarda similitudes con las indagatorias que afectan a otros legisladores como Camila Flores y Joaquín Lavín León.
La excolaboradora también relató episodios de presunta obstrucción a la justicia ocurridos durante un allanamiento al Congreso en octubre de 2024. Según su testimonio, Fuenzalida habría ordenado a su personal deshacerse de sus teléfonos celulares arrojándolos a la taza del baño ante el temor de ser incautados por la PDI. La Fiscalía ha instruido peritajes a los dispositivos del exparlamentario y ha solicitado la documentación de todas las facturas rendidas por su oficina desde 2018.
El exdiputado Fuenzalida rechazó categóricamente las acusaciones a través de una declaración pública, calificándolas de falsas y señalando que no ha tenido acceso oficial a la carpeta investigativa. Mientras tanto, el Ministerio Público continúa recopilando antecedentes y ha solicitado identificar a todo el personal de apoyo que trabajó con el exlegislador durante su periodo. La investigación se mantiene en curso para determinar la veracidad de los testimonios y la existencia de un sistema sistemático de desvío de fondos públicos.
Análisis Político
La estrategia política observada en este caso refleja una crisis de probidad que afecta transversalmente a sectores de derecha, donde el uso de asignaciones parlamentarias para fines personales o partidarios se ha vuelto un foco de escrutinio judicial. La construcción de narrativas es divergente: mientras el Ministerio Público utiliza testimonios de excolaboradores para establecer un patrón de comportamiento ilícito y obstrucción, el actor político investigado opta por la deslegitimación del proceso, argumentando falta de acceso a la información y negando los hechos para contener el daño reputacional.
En este escenario, el gran perdedor es la institucionalidad del Congreso y la credibilidad de la UDI, que ve cómo sus figuras son vinculadas a prácticas de fraude al fisco. Por otro lado, la Fiscalía gana terreno al consolidar una línea investigativa que conecta diversos casos de presunta corrupción parlamentaria, fortaleciendo su rol fiscalizador. La narrativa de "abuso de poder" y "presión laboral" instalada por los denunciantes debilita la defensa del exparlamentario, quien intenta aislar el evento como una acusación sin fundamento frente a una investigación que ya cuenta con diligencias concretas.
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