La Fiscalía General de la Nación inició una investigación contra siete gobernadores y exgobernadores por su presunta participación en un esquema de corrupción que habría desviado más de tres billones de pesos del Sistema General de Regalías. El entramado operaba a través del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’, entidad que habría utilizado un manual de contratación propio para direccionar cerca de 480 proyectos en 19 departamentos. Los recursos comprometidos estaban destinados a sectores críticos como infraestructura, educación, salud, agua potable y saneamiento básico. El ente acusador ejecutó la captura de 13 personas, incluyendo alcaldes, exalcaldes, contratistas y directivos del mencionado Fondo Mixto, tras realizar allanamientos en ciudades como Bogotá, Cartagena, Valledupar, Sogamoso, Pereira y Villavicencio. Los implicados habrían empleado documentos, actas y registros falsos para inducir a error a las autoridades y evadir los controles estatales sobre la contratación pública. Esta red buscaba concentrar la ejecución de proyectos para mantener el control sobre los recursos financieros, afectando significativamente el presupuesto destinado al desarrollo regional. La Fiscalía presentará a los capturados ante un juez de control de garantías para legalizar las detenciones y solicitar medidas de aseguramiento por delitos como concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, prevaricato y fraude procesal. Los gobernadores y exgobernadores bajo indagación son Óscar Enrique Sánchez, María Margarita Guerra Zúñiga, Luis Alfredo Gutiérrez García, Fulberto Guevara, Ferney López Martínez, Rafael Alejandro Martínez y Álvaro León Flores. La magnitud del desfalco, según el ente investigador, equivale al presupuesto anual de numerosos municipios o a la construcción de 40.000 viviendas de interés social.

Análisis político

La estrategia de la Fiscalía se centra en la desarticulación de esquemas asociativos territoriales que, bajo la fachada de entidades sin ánimo de lucro, logran evadir los controles de contratación pública para capturar rentas estatales. Al priorizar la judicialización de altos mandatarios departamentales, el ente investigador busca enviar un mensaje de control sobre el uso de los recursos de regalías, los cuales han sido históricamente vulnerables a la corrupción por su dispersión geográfica y complejidad administrativa. En este escenario, la Fiscalía gana legitimidad institucional al exponer un entramado de gran escala, mientras que los gobernadores y exgobernadores pierden capital político y enfrentan una crisis de gobernabilidad ante la gravedad de las imputaciones. La narrativa oficial se construye sobre la idea de una red organizada que utilizó manuales de contratación ilegales para defraudar al Estado, mientras que los actores políticos investigados deberán enfrentar el desgaste de una investigación penal que pone en duda la transparencia de sus administraciones y la gestión de los recursos públicos en sus respectivos departamentos.