Fiscalía investiga a Franco Parisi y militantes del PDG por lavado de activos
Resumen
La Fiscalía Centro Norte mantiene una investigación desformalizada contra el Partido de la Gente (PDG) por presuntos delitos de lavado de activos y fraude de subvenciones. En este marco, el excandidato presidencial Franco Parisi y otros diez militantes figuran como sujetos de interés, motivando una orden de investigar que incluye el levantamiento patrimonial de los involucrados. La fiscal Patricia Cerda ha solicitado además informes a la Unidad de Análisis Financiero para detectar posibles operaciones sospechosas.
Las diligencias se suman a otras causas previas que afectan a la colectividad, tales como denuncias por falsificación de firmas y observaciones del Servicio Electoral sobre gastos irregulares en los balances de 2023 y 2024. Los cuestionamientos financieros apuntan principalmente a la gestión del expresidente del partido, Luis Moreno, y del exadministrador general de fondos, Miguel Azar. Estos antecedentes han generado una presión judicial creciente sobre la estructura interna de la organización política.
Franco Parisi ha negado tener conocimiento de la investigación en su contra y sostiene que no ha sido contactado por el Ministerio Público. Por su parte, la actual directiva del PDG, encabezada por Denisse Catalán, ha intentado desmarcarse de los hechos atribuyendo las irregularidades a la administración anterior. El partido asegura estar respondiendo a las observaciones del Servel y mantiene su intención de participar en los próximos procesos electorales.
Análisis Político
La estrategia del Partido de la Gente ante este escenario judicial se basa en la desvinculación institucional, trasladando la responsabilidad de los hechos a la administración anterior para proteger la viabilidad electoral de la colectividad. Esta táctica busca aislar los cuestionamientos financieros en figuras específicas, como Moreno y Azar, evitando que el impacto de la investigación por lavado de activos erosione la base de apoyo del partido de cara a los comicios de 2028 y 2029.
El principal perdedor político es la imagen de probidad del PDG, que ve comprometida su narrativa de partido ajeno a las prácticas tradicionales. Mientras la Fiscalía avanza en el escrutinio patrimonial, Parisi intenta construir una narrativa de transparencia basada en la publicidad de sus declaraciones de intereses previas. La construcción de estas realidades paralelas —una judicial que avanza en el levantamiento de activos y otra política que minimiza el riesgo— define el conflicto actual entre la institucionalidad persecutora y la dirigencia partidaria.
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