La Fiscalía General de la Nación radicó una solicitud de audiencia de imputación de cargos contra Hollman Morris, exdirector del Sistema de Medios Públicos, por el presunto delito de acto sexual violento en circunstancia de agravación punitiva. Los hechos bajo investigación habrían ocurrido en diciembre de 2011 fuera de Colombia, en un contexto de violencia basada en género. La diligencia judicial fue programada para el próximo 17 de noviembre de 2026. Esta acción judicial marca un hito en el proceso penal contra Morris, quien pasa de ser un indiciado a ser formalmente investigado por la justicia. La imputación no implica una condena ni la pérdida de la presunción de inocencia, pero constituye un paso procesal clave para determinar su responsabilidad. El ente investigador busca esclarecer actos realizados sin el consentimiento de la víctima durante el suceso ocurrido hace más de una década. El caso ha generado una atención significativa debido a la trayectoria política de Morris y su cercanía con el expresidente Gustavo Petro. Organizaciones feministas y sectores políticos han mantenido una postura crítica sobre el manejo institucional de estas denuncias desde que el exfuncionario asumió cargos públicos. Por su parte, Morris ha negado reiteradamente las acusaciones, calificándolas como una campaña de desprestigio en su contra.

Análisis político

La estrategia política de Morris se ha centrado en la victimización y la denuncia de una persecución sistemática, una narrativa que busca blindarlo ante sus bases de apoyo y sectores de izquierda. Al deslegitimar las acusaciones como ataques políticos, intenta neutralizar el impacto de las investigaciones judiciales en su capital político y en la imagen del proyecto que representa. El evento representa una pérdida de legitimidad para el entorno político del exfuncionario, especialmente ante el escrutinio de organizaciones feministas que han cuestionado su idoneidad para cargos públicos. Mientras la Fiscalía gana terreno en su labor de control judicial, el costo político para Morris se incrementa, complicando su capacidad de maniobra y profundizando la polarización sobre la gestión de denuncias de violencia de género en el ámbito estatal.