La Fiscalía General de la Nación judicializó a John Edison Chalá Torrejano, alias Víctor Chalá, cabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc, por su presunta responsabilidad en el secuestro, tortura, desaparición forzada y homicidio del periodista Mateo Pérez Rueda. Los hechos ocurrieron el 5 de mayo de 2026 en Briceño, Antioquia, cuando el comunicador fue interceptado mientras realizaba labores periodísticas. Según la investigación, el procesado lo acusó de colaborar con la fuerza pública tras revisar su teléfono celular y encontrar contactos con miembros del Ejército Nacional. El relato judicial detalla que alias Víctor Chalá disparó contra el periodista para obtener información y, ante su negativa, ordenó a integrantes de su estructura cavar un hueco para asesinarlo. El cuerpo de la víctima fue recuperado dos días después por una comisión humanitaria, aunque sus documentos y equipo de trabajo no fueron hallados. El imputado, quien fue capturado en junio en el Tolima, no aceptó los cargos presentados por la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos. Este evento es relevante por la vulnerabilidad de los periodistas independientes en zonas de conflicto territorial entre grupos armados ilegales. La judicialización marca un avance en la investigación de un crimen que conmocionó al gremio periodístico y a la opinión pública. Las autoridades mantienen el objetivo de desarticular el mando del frente 36, señalando a otros cabecillas como objetivos prioritarios de la justicia.

Análisis político

La estrategia política observada se centra en la judicialización como herramienta de legitimidad estatal frente a la expansión de grupos armados en regiones críticas. Al imputar a un cabecilla de alto perfil, el Estado busca enviar un mensaje de control territorial y justicia, intentando contrarrestar la narrativa de impunidad que rodea a las disidencias en zonas donde estas ejercen control social y económico mediante la violencia. El Estado gana legitimidad al mostrar resultados operativos concretos, mientras que el grupo armado pierde capital político al quedar expuesto por el asesinato de un civil, lo que debilita cualquier pretensión de legitimidad en sus discursos de paz. La narrativa oficial se construye desde la protección de los derechos humanos y la legalidad, mientras que el actor armado intenta imponer su control mediante la estigmatización de las víctimas como informantes, una táctica recurrente para justificar la violencia contra la prensa independiente.