María Quevedo, propietaria de la pastelería Rü Patisserie en Bogotá, fue víctima de una brutal agresión física por parte de un empleado al que había despedido recientemente. El ataque, registrado en cámaras de seguridad, muestra cómo el hombre la golpeó repetidamente y la arrastró por el local tras una discusión sobre el pago de su liquidación. La víctima sufrió fractura de nariz, desprendimiento de cuero cabelludo y más de 80 lesiones en su cuerpo, además de recibir amenazas de muerte durante el altercado. El agresor, identificado como Jesús Acosta Lizardo, fue capturado inicialmente por la Policía tras la intervención de vecinos que escucharon los gritos de auxilio. Pese a la contundencia de las pruebas y la gravedad de las heridas, el hombre fue dejado en libertad por las autoridades judiciales bajo el argumento de que los delitos imputados inicialmente, lesiones personales y daño en bien ajeno, no conllevaban medida de aseguramiento intramural. Esta decisión generó una fuerte indignación ciudadana y el rechazo inmediato de la víctima y su familia. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, calificó la liberación como inaceptable e inexplicable, advirtiendo que la medida pone en riesgo inminente la vida de la comerciante. El mandatario solicitó formalmente a la Fiscalía cambiar la calificación jurídica del caso a tentativa de feminicidio para endurecer las medidas contra el atacante. Actualmente, un grupo especializado con enfoque de género del ente acusador evalúa el cambio de delito mientras la víctima cuenta con medidas de protección.

Análisis político

La estrategia política del alcalde Galán se centra en capitalizar el descontento ciudadano frente a la percepción de impunidad judicial, posicionándose como un defensor activo de la seguridad de las mujeres y el orden público. Al exigir públicamente la reclasificación del delito a tentativa de feminicidio, el mandatario busca presionar a la rama judicial para que actúe con mayor severidad, trasladando la responsabilidad de la protección de la víctima hacia la Fiscalía y los jueces. En este evento, la víctima pierde su sensación de seguridad y enfrenta un proceso de revictimización ante la libertad del agresor, mientras que el sistema judicial pierde legitimidad ante la opinión pública. Se construye una narrativa de confrontación donde el Ejecutivo local se presenta como el actor que busca justicia frente a una justicia ordinaria percibida como laxa, utilizando el caso para reforzar su discurso de mano dura contra la violencia de género y la delincuencia en la capital.