La gerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, radicó formalmente una denuncia penal contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. La funcionaria, acompañada por su abogado Wilson Ruiz, señala al mandatario por los presuntos delitos de peculado por aplicación oficial diferente, tráfico de influencias, constreñimiento ilegal, injuria y calumnia. Rodríguez también anunció acciones ante la Fiscalía por amenazas que atribuye a integrantes de la Dirección Nacional de Inteligencia y solicitó vigilancia de los entes de control sobre el manejo de recursos públicos. El conflicto se originó tras las denuncias de Rodríguez sobre una supuesta red de corrupción y tráfico de influencias en el Gobierno, centrada en la figura de Juliana Guerrero, una persona cercana al presidente. La exdirectora del Dapre sostiene que su relación con el mandatario se fracturó al negarse a realizar nombramientos irregulares y denunciar presiones para trasladar recursos del Fondo Adaptación. Además, la funcionaria ha denunciado violencia de género política, acoso laboral y la revelación de su historia clínica por parte del jefe de Estado. El presidente Gustavo Petro rechazó los señalamientos, calificándolos de ataques calumniosos y vinculando a la funcionaria con sectores del paramilitarismo. El mandatario anunció que emprenderá acciones judiciales contra Rodríguez por sus declaraciones. Este enfrentamiento ocurre a pocos días de la transición presidencial, mientras Rodríguez advierte que acudirá a instancias internacionales si la justicia colombiana no garantiza su seguridad e integridad.

Análisis político

El evento evidencia una estrategia de judicialización cruzada donde ambos actores buscan blindarse ante el inminente cambio de gobierno. Mientras Rodríguez utiliza el fuero de la Comisión de Acusación para legitimar sus denuncias de corrupción y buscar protección institucional, el presidente Petro emplea una narrativa de defensa basada en la deslegitimación de la funcionaria, acusándola de actuar por intereses políticos y vínculos con sectores opositores. Esta confrontación traslada la crisis administrativa a un terreno penal, donde la revelación de detalles personales y la mención de figuras del pasado guerrillero del mandatario intensifican la polarización. En este escenario, el costo político para el Gobierno es alto, pues las denuncias de Rodríguez han generado fisuras incluso dentro de su propia coalición, con voces críticas que cuestionan la gestión de nombramientos y la defensa de personas cercanas al presidente. La funcionaria se posiciona como una denunciante que busca protección en el próximo gobierno, mientras que el presidente pierde capital político en sus últimos días al quedar envuelto en un escándalo de presunto tráfico de influencias y violencia institucional. La construcción de narrativas opuestas —una sobre corrupción sistémica y otra sobre una conspiración calumniosa— deja a las instituciones judiciales como el único árbitro capaz de resolver la disputa.

El presidente Gustavo Petro anunció que emprenderá acciones penales contra Angie Rodríguez, gerente del Fondo de Adaptación, tras las denuncias de la funcionaria sobre presuntas irregularidades y redes de influencia en el Gobierno. Rodríguez, quien fue directora del Dapre, sostiene que su salida y las tensiones internas se derivaron de su negativa a avalar nombramientos sin requisitos y al traslado de recursos para La Mojana. El mandatario calificó las acusaciones como calumnias y atribuyó la conducta de la funcionaria a problemas de salud mental y paranoia. La disputa escaló cuando Rodríguez reveló detalles sobre una supuesta red de mujeres con poder dentro de la Casa de Nariño, mencionando a Juliana Guerrero y señalando presuntas presiones indebidas. Petro negó cualquier relación sentimental con las personas mencionadas y defendió su gestión, argumentando que trasladó a Rodríguez al Fondo de Adaptación por razones humanitarias pese a considerar su desempeño inicial como deficiente. El presidente también vinculó a la exfuncionaria con sectores políticos herederos del paramilitarismo, acusación que ella rechaza enfáticamente. Como respuesta a los señalamientos del jefe de Estado, Rodríguez anunció que denunciará al presidente ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. La exfuncionaria, quien cuenta con representación legal del exministro Wilson Ruíz, alega afectaciones por la divulgación de su historial médico y teme por su seguridad personal. Este enfrentamiento ocurre a pocos días de la transición presidencial, generando un nuevo foco de inestabilidad política en el cierre del mandato.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se centra en la deslegitimación del denunciante mediante la estigmatización de su salud mental y la vinculación de sus críticas con intereses políticos oscuros o paramilitares. Al judicializar el conflicto, el Ejecutivo busca trasladar el debate del terreno de la ética pública y la corrupción administrativa hacia un litigio penal, intentando contener el daño reputacional en la recta final del periodo presidencial. Por su parte, Rodríguez utiliza la narrativa de la víctima perseguida por un sistema de poder opaco, buscando protección en el gobierno entrante y legitimidad a través de la denuncia institucional. Mientras el presidente gana al mantener el control de la narrativa oficial ante sus bases, pierde al profundizar la percepción de crisis interna y falta de transparencia. La construcción de estas narrativas opuestas evidencia una ruptura total de la confianza institucional, donde la verdad se disputa entre la supuesta incompetencia técnica y la presunta corrupción sistémica.

El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, confirmó tras una conversación telefónica que la directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, ha recibido amenazas y presiones para guardar silencio. La funcionaria se ha negado a autorizar el traslado de más de un billón de pesos desde el Fondo de Adaptación hacia la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. En este diálogo también participó el director designado de la Unidad Nacional de Protección, Didier Blanco, para coordinar medidas de seguridad futuras. El presidente Gustavo Petro solicitó al ministro de Hacienda declarar insubsistente a Rodríguez, calificándola de incompetente y manipuladora, mientras argumenta que los recursos son necesarios para atender la emergencia por el fenómeno de El Niño. Por su parte, el gobierno entrante de Abelardo De La Espriella ha solicitado a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría intervenir para detener el movimiento de dinero. Lara instó a los funcionarios del Fondo de Adaptación a no acatar órdenes que consideró espurias provenientes de la Presidencia. La situación refleja un choque directo entre la administración saliente y la entrante en el marco de la transición de gobierno. Mientras el Ejecutivo actual sostiene que la salida de la funcionaria responde a cuestionamientos sobre su gestión, el equipo de De La Espriella enmarca el caso como una defensa de la transparencia y la protección de recursos públicos. La seguridad de Rodríguez se ha convertido en un punto central de la disputa política a pocos días del cambio de mando.

Análisis político

La estrategia del gobierno entrante se centra en capitalizar las denuncias de corrupción para legitimar su llegada al poder y marcar una ruptura inmediata con la administración saliente. Al posicionarse como garantes de la seguridad de una funcionaria denunciante, el equipo de De La Espriella construye una narrativa de rectitud frente a lo que denominan un manejo político y retaliatorio de las instituciones actuales, como la Unidad Nacional de Protección. Esta táctica busca debilitar la autoridad moral del gobierno saliente en sus últimos días de mandato. En este escenario, el gobierno saliente pierde capacidad de maniobra sobre los recursos en disputa al ser expuesto ante los entes de control, mientras que el gobierno entrante gana capital político al presentarse como el protector de la transparencia. La construcción de narrativas es divergente: el presidente Petro intenta deslegitimar a Rodríguez mediante ataques personales y cuestionamientos a su salud mental, mientras que el equipo de De La Espriella la eleva a la categoría de testigo clave contra la corrupción, utilizando el caso para cuestionar la legalidad de las órdenes presidenciales actuales.