La Fiscalía General de la Nación presentó un escrito de acusación contra el brigadier general de Infantería de Marina, Wilson Martínez Londoño, por el delito de violencia intrafamiliar. El ente investigador sostiene que, entre 2022 y 2024, el oficial habría sometido a su expareja a un ciclo prolongado de violencia psicológica, económica y vicaria. Según el expediente, el uniformado utilizó su posición de poder para controlar las actividades diarias de la mujer, descalificando su trabajo, apariencia física y comportamiento, además de impedirle ejercer su maternidad al alejarla de su hijo menor de edad. El proceso judicial se adelanta bajo los términos de la Ley 1826 de 2017, mediante el Procedimiento Penal Especial Abreviado, incorporando un enfoque diferencial de género para la protección integral de la víctima. La Fiscalía argumenta que las conductas reiteradas del oficial generaron afectaciones físicas y emocionales en la mujer, aprovechando su distinción dentro de la institución naval para ejercer presión. El caso ha cobrado relevancia debido al alto rango del acusado, quien actualmente se desempeña como comandante de la Fuerza Naval de la Orinoquía. Tras la formalización de la acusación, el brigadier general Martínez Londoño no aceptó los cargos imputados por el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia. La justicia ordinaria será la encargada de determinar la responsabilidad penal del oficial en las próximas etapas del juicio. Mientras tanto, el militar mantiene su presunción de inocencia hasta que exista una decisión judicial en firme sobre los hechos investigados.

Análisis político

La estrategia de la Fiscalía se centra en la aplicación de un enfoque diferencial de género para visibilizar cómo las estructuras de poder jerárquico dentro de las instituciones militares pueden ser instrumentalizadas para ejercer violencia doméstica. Al judicializar a un oficial de alto rango, el ente acusador busca enviar un mensaje de institucionalidad y protección a las víctimas, desarticulando la narrativa de impunidad que suele rodear a figuras con poder de mando. El oficial, por su parte, opta por una estrategia de defensa técnica al no aceptar los cargos, trasladando la carga de la prueba a la Fiscalía en un escenario de justicia ordinaria. Mientras la Fiscalía construye una narrativa de abuso de poder y violencia sistemática, el acusado busca proteger su carrera y reputación, lo que genera una tensión entre la imagen pública de la institución naval y la gravedad de las acusaciones individuales.