El paro armado en Santa Marta, convocado por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) como represalia por la muerte de alias Cholo, concluyó este 25 de septiembre tras cuatro días de parálisis comercial y restricciones a la movilidad. La gobernadora del Magdalena, María Margarita Guerra, confirmó el retorno a la normalidad y destacó el despliegue de más de 1.000 uniformados de la Fuerza Pública en puntos estratégicos. La medida de presión afectó gravemente el transporte, el turismo y el abastecimiento en la región, provocando incluso alertas de seguridad por parte de la embajada de Estados Unidos. El grupo armado ilegal, a través de un comunicado, anunció el fin de las hostilidades y solicitó a la población retomar sus actividades cotidianas, al tiempo que responsabilizó al Gobierno Nacional por la situación de orden público. Las ACSN reiteraron su intención de explorar un proceso de sometimiento a la justicia, reclamando garantías jurídicas y de seguridad para sus integrantes. Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella lideró consejos de seguridad y patrullajes en la zona, manteniendo una postura de confrontación directa contra la estructura criminal. La respuesta institucional incluyó la militarización de la ciudad y el patrullaje de fuerzas especiales, lo que generó reacciones divididas entre la ciudadanía. Mientras algunos habitantes y turistas expresaron su respaldo a la presencia militar con aplausos, otros sectores manifestaron temor ante la persistencia de las amenazas. Las autoridades competentes, incluyendo la Fiscalía, deberán investigar las denuncias sobre presuntas irregularidades en los operativos militares, mientras se busca estabilizar la seguridad en el departamento del Magdalena.

Análisis político

La estrategia del Gobierno Nacional se centra en una respuesta de fuerza y control territorial, utilizando la imagen del presidente en terreno para proyectar autoridad y contrarrestar la narrativa de miedo impuesta por el grupo armado. Esta postura busca capitalizar el respaldo de sectores ciudadanos que exigen orden, mientras se intenta deslegitimar a las ACSN al presentarlas como una amenaza que el Estado puede neutralizar militarmente. El grupo armado, por su parte, utiliza el paro como una herramienta de negociación política, buscando forzar al Ejecutivo a reconocerlos como un actor válido para un proceso de sometimiento. Mientras el Gobierno gana legitimidad al mostrar capacidad de respuesta, pierde terreno en la percepción de seguridad a largo plazo, ya que la capacidad de los grupos ilegales para paralizar una capital demuestra la fragilidad del control estatal. La narrativa del Gobierno se construye sobre la victoria militar, mientras que la de las ACSN intenta posicionarse como un actor que busca diálogo, trasladando la responsabilidad de la violencia a las decisiones gubernamentales.