Un proyecto de ley en trámite en el Congreso de Colombia, específicamente el artículo 37 del Proyecto de Ley 277 de 2025, propone la creación de un Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil Extracontractual (Sorce) asociado a la licencia de conducción, distinto al SOAT. Este nuevo seguro cubriría daños materiales causados a terceros en accidentes de tránsito, y estaría vinculado al conductor y no al vehículo. La iniciativa busca modernizar las normas de tránsito y fortalecer la protección financiera ante perjuicios materiales, pero ha generado debate por los costos adicionales que implicaría para los conductores. La propuesta, impulsada por senadores como Julio Alberto Elías Vidal y con autores como Daniel Carvalho y Angélica Lozano, establece coberturas mínimas según la categoría de la licencia: 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes para licencias de servicio particular (B1, B2, B3) y siete salarios mínimos para motociclistas (A1, A2). Las aseguradoras determinarían la prima anual, con un tope máximo del 0.5% del valor asegurado. El proyecto, que ya superó debates en comisiones y está a un paso de la plenaria del Senado, también contempla excepciones para quienes ya cuenten con pólizas que cubran la responsabilidad civil. El congresista electo Daniel Briceño ha sido uno de los principales críticos, calificando la medida como un "mico legislativo" y alertando sobre un posible "SOAT 2.0" que podría generar un cobro anual significativo para los aproximadamente 13 millones de colombianos con licencias activas. Briceño estima que esto podría representar un costo adicional de hasta 367.000 pesos para motociclistas y 786.000 pesos para conductores de automóvil, sumando un impacto económico total de más de 6,9 billones de pesos anuales. El debate se centra en la carga económica para los ciudadanos frente a la supuesta mejora en la seguridad vial.

Análisis político

La estrategia política observada gira en torno a la inclusión de un artículo específico dentro de un proyecto de ley más amplio sobre movilidad y seguridad vial. Los promotores buscan avanzar con la iniciativa legislativa, mientras que los opositores, liderados por el congresista electo Daniel Briceño, han optado por una estrategia de denuncia pública y movilización a través de redes sociales, calificando la medida como un "mico" y un "cobro infame". Se observa una construcción de narrativas distintas: por un lado, la de modernización y protección financiera por parte de los impulsores; por otro, la de un nuevo impuesto o carga económica para los ciudadanos por parte de los críticos. Con este evento, Daniel Briceño y quienes comparten su postura ganan visibilidad y se posicionan como defensores de los intereses económicos de los conductores, capitalizando el descontento popular. Quienes pierden son los conductores que podrían verse obligados a asumir un nuevo costo, así como los promotores del proyecto si la controversia genera suficiente oposición para su modificación o archivo. La narrativa de "cobro adicional" impulsada por Briceño resuena fuertemente con el electorado, mientras que la narrativa de "seguridad y modernización" busca justificar la medida desde una perspectiva de política pública.

Un proyecto de ley en trámite en el Congreso, específicamente el artículo 37 del Proyecto de Ley 227 de 2025, ha generado controversia al proponer la creación de un seguro obligatorio adicional al SOAT. Esta nueva póliza estaría vinculada a la licencia de conducción y no al vehículo, afectando a aproximadamente 13 millones de colombianos con licencias vigentes. La iniciativa busca cubrir daños materiales causados a terceros en accidentes de tránsito, estableciendo coberturas mínimas diferenciadas según la categoría de la licencia. La alerta sobre este "mico legislativo" fue impulsada por el representante electo Daniel Briceño, quien argumenta que la medida representa una carga económica adicional para los conductores. Según Briceño, el costo anual estimado para motociclistas sería de alrededor de 367.000 pesos y para conductores de automóviles de 786.000 pesos, sumándose al SOAT y otros gastos. La propuesta, atribuida al senador Julio Elías Vidal, establece que la prima anual no superaría el 0,5% del valor asegurado mínimo, lo que Briceño considera podría resultar en una "póliza de papel". El proyecto contempla excepciones, como la no exigibilidad si ya existe una póliza con cobertura igual o superior, y la obligación de registrar la información en el RUNT para verificación. A diferencia del SOAT, enfocado en atención médica, este nuevo seguro se centraría en la reparación de daños materiales a terceros. La iniciativa, que aún debe surtir su trámite legislativo, busca incluir contenidos educativos sobre responsabilidad civil en programas de formación vial.

Análisis político

Se observa una estrategia de denuncia y movilización política por parte de un congresista electo, Daniel Briceño, quien utiliza las redes sociales y la difusión de información detallada del proyecto para generar debate público y presión legislativa. La narrativa construida por Briceño se centra en la idea de un "mico" o una imposición sorpresiva que agravaría la situación económica de los ciudadanos, calificándola de "infame". Por otro lado, la propuesta, impulsada por el senador Julio Elías Vidal, se presenta formalmente como una medida para garantizar respaldo patrimonial frente a daños materiales a terceros, buscando mejorar la seguridad vial. Con esta controversia, el representante Briceño y su partido ganan visibilidad y se posicionan como defensores de los intereses económicos de los ciudadanos frente a lo que perciben como nuevas cargas impositivas. El senador Elías Vidal y quienes apoyan la iniciativa, por su parte, podrían verse afectados en su imagen pública si la percepción de "mico" o carga innecesaria se consolida. La discusión pone de manifiesto la tensión entre la necesidad de marcos regulatorios para la seguridad vial y la preocupación por el impacto económico en la población, especialmente en un contexto preelectoral.