Alias Víctor Chalá, presunto cabecilla de una comisión armada de las disidencias de las Farc, fue capturado en Flandes, Tolima. Las autoridades lo señalan como responsable del homicidio del periodista Mateo Pérez Rueda en Briceño, Antioquia. La operación conjunta de Policía y Fiscalía se realizó en la noche del 12 de junio, interceptando el vehículo en el que se movilizaba. Junto a Chalá, fueron detenidas otras cinco personas en flagrancia por porte ilegal de armas. Chalá, quien tenía una orden de captura activa por terrorismo, extorsión y concierto para delinquir agravado, acumulaba más de una década de actividades criminales. Según informes, era uno de los hombres de confianza de alias ‘Primo Gay’, cabecilla de la estructura 36 de las disidencias de ‘Calarcá’. El capturado también era buscado por su presunta participación en el asesinato del periodista, ocurrido en mayo pasado mientras cubría el conflicto armado en la zona. Durante el operativo se incautaron cuatro pistolas, 33 millones de pesos en efectivo, una camioneta y siete celulares. El ministro de Defensa destacó que el detenido buscaba extender la influencia de su estructura armada hacia el sur del Tolima, aprovechando actividades de minería ilegal. Las autoridades anunciaron que las operaciones continuarán contra otros cabecillas de la organización.

Análisis político

La captura de alias Víctor Chalá se presenta como un logro para el gobierno en materia de seguridad y justicia, destacando la acción conjunta de la Policía y la Fiscalía. El presidente Petro se pronunció confirmando el hecho, mientras que el ministro de Defensa enfatizó la continuidad de las operaciones contra grupos armados. Sin embargo, la reacción del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, introduce una tensión política al advertir al presidente que no libere al capturado, recordando casos anteriores con alias Calarcá y criticando la política de Paz Total. Esto evidencia una narrativa de confrontación entre el gobierno central y algunas administraciones regionales en cuanto a la estrategia de seguridad. Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, también lanzó críticas al gobierno, vinculando la trayectoria criminal de Chalá y su cercanía con alias Calarcá a la política de Paz Total, sugiriendo que estos criminales han sido "protegidos" por el presidente. Estas declaraciones construyen una narrativa opositora que busca capitalizar el evento para cuestionar la efectividad y las consecuencias de las políticas de seguridad del actual gobierno. Por otro lado, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) contextualiza el asesinato de Mateo Pérez como parte de una preocupante tendencia de violencia contra periodistas en Colombia, añadiendo una dimensión de derechos humanos y libertad de prensa al debate.