Familia de conserje agredido desmiente oferta económica de defensa de Martín de los Santos
Resumen
La familia de Guillermo Oyarzún, conserje agredido en Vitacura en mayo de 2025, desmintió categóricamente haber recibido o aceptado una oferta de compensación económica por parte de la defensa de Martín de los Santos. El abogado del imputado había señalado previamente que se ofrecieron 500 mil pesos quincenales, provenientes de los padres del acusado, sin que esto implicara un reconocimiento de culpabilidad. Los familiares de la víctima enfatizaron que su prioridad es obtener justicia y una condena efectiva con penas de cárcel para el agresor.
El proceso judicial enfrenta dilaciones tras la suspensión de la audiencia de preparación de juicio oral, reprogramada para el 27 de noviembre. La defensa de De los Santos presentó una incidencia para evitar la incorporación de nuevos antecedentes médicos, buscando que el ataque sea calificado como lesiones leves. Por su parte, la familia de Oyarzún sostiene que los informes del Servicio Médico Legal y la Mutual de Seguridad acreditan lesiones de carácter grave a gravísimo.
El caso ha generado una fuerte tensión entre las partes, marcada por la reciente extradición del imputado desde Brasil en septiembre de 2026. Mientras la Fiscalía solicita cinco años de presidio menor en su grado máximo, considerando agravantes como la edad de la víctima, la defensa intenta limitar el alcance de la acusación basándose en los términos de la extradición concedida. La esposa del conserje ha denunciado públicamente las secuelas físicas y psicológicas permanentes que sufre la víctima tras la agresión.
Análisis Político
En este caso se observa una estrategia de defensa técnica orientada a minimizar la calificación jurídica del delito, utilizando recursos procesales para excluir pruebas médicas que elevarían la gravedad de la condena. La contraparte, representada por la familia de la víctima, utiliza la narrativa de la justicia reparatoria y la visibilización de las secuelas físicas para contrarrestar los intentos de la defensa por normalizar el conflicto mediante ofertas económicas, las cuales son interpretadas por los afectados como un intento de eludir la responsabilidad penal.
El gran perdedor en términos de imagen pública es el imputado, cuya estrategia de defensa ha sido desmentida y cuestionada por la familia, reforzando la percepción de impunidad tras su fuga a Brasil. Por otro lado, la familia de la víctima construye una narrativa de resiliencia y exigencia de justicia que busca movilizar la opinión pública, logrando que el debate se centre en la gravedad de las lesiones y no en posibles acuerdos monetarios que, de aceptarse, habrían debilitado su posición moral y legal en el juicio.
Actualizado y revisado por el equipo editorial de Prensa Inteligente
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