El exseremi de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos Andrade, fue formalizado por el delito de violación tras una denuncia presentada por un hombre que prestaba servicios sexuales. La Fiscalía solicitó medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima, pero el Juzgado de Garantía de Punta Arenas desestimó el arresto domiciliario por considerar insuficientes los antecedentes actuales. El tribunal fijó un plazo de 120 días para la investigación, periodo en el cual se realizarán peritajes toxicológicos y de fluidos para esclarecer los hechos. La versión del Ministerio Público sostiene que el imputado habría suministrado fármacos, incluyendo sedantes como clonazepam y zolpidem, para incapacitar a la víctima antes de la agresión. Por su parte, la defensa de Barrientos rechaza las acusaciones, argumentando que el encuentro fue consentido y que la denuncia surgió a raíz de una disputa económica por un pago pendiente. La jueza Paula Stange Kahler señaló que existen versiones contradictorias y que las imágenes de cámaras de seguridad cercanas al domicilio del imputado refuerzan, preliminarmente, la versión de la defensa. El caso provocó la salida inmediata de Barrientos de su cargo público, luego de que el Ministerio de Salud solicitara su renuncia para garantizar la independencia de la investigación. La delegada presidencial regional manifestó consternación ante los hechos, subrayando la necesidad de que las instituciones judiciales operen con total transparencia. Mientras tanto, el exfuncionario deberá cumplir con el arraigo nacional y la prohibición de contacto con el denunciante mientras avanza el proceso penal.

Análisis político

La estrategia política observada es el control de daños preventivo por parte del Gobierno, que solicitó la renuncia inmediata del funcionario apenas se conoció la denuncia para desvincular la gestión institucional de la conducta individual del exseremi. Esta acción busca evitar que el caso se convierta en un foco de inestabilidad para la administración regional, priorizando la imagen de probidad y la independencia de las instituciones judiciales sobre la presunción de inocencia del imputado. En este evento, el Gobierno gana al marcar una distancia clara y rápida con el exfuncionario, evitando que el escándalo escale hacia una crisis de gabinete. Por el contrario, el exseremi pierde su posición política y enfrenta un proceso judicial que, independientemente del resultado, ha dañado su reputación. La narrativa se construye en dos frentes: la Fiscalía y el Gobierno enfatizan la gravedad de la denuncia y la necesidad de investigar, mientras que la defensa intenta reducir el caso a un conflicto privado y económico, buscando deslegitimar la acusación de violación mediante la contradicción de versiones.

El exseremi de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos Andrade, fue detenido por Carabineros tras una denuncia por un presunto delito de índole sexual ocurrido en su domicilio particular. El Ministerio de Salud solicitó su renuncia inmediata al conocer la existencia de una investigación judicial en curso, buscando resguardar la transparencia de la institución. La delegada presidencial regional, Ericka Farías, calificó los hechos denunciados como de alta gravedad.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se centra en el control de daños mediante la desvinculación inmediata de la autoridad cuestionada, buscando separar la responsabilidad institucional del Ministerio de Salud de las acciones individuales del exseremi. Esta acción busca evitar que el caso escale como un problema de gestión política, priorizando la transparencia y la colaboración con el Ministerio Público para mitigar el impacto reputacional en la administración regional.