Exfiscal Francisco Barbosa denuncia formalmente presunto espionaje estatal durante gobierno PetroActualizado · hace 45 días
Resumen
El exfiscal general Francisco Barbosa radicó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas actividades de espionaje, seguimientos e interceptaciones ilegales ocurridas durante el gobierno de Gustavo Petro. La acción judicial se fundamenta en los hallazgos de una auditoría forense realizada a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la cual habría revelado el uso irregular de organismos estatales para perfilar a opositores, magistrados y exfuncionarios. Barbosa sostiene que estas actuaciones constituyeron una estructura paralela a la justicia, diseñada para intimidar a quienes investigaban el entorno del entonces mandatario.
La denuncia involucra a entidades como la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la DIAN y la propia DNI, señaladas de realizar búsquedas selectivas en bases de datos y escuchas sin orden judicial. Según el exfiscal, el material probatorio bajo cadena de custodia incluye 147 terabytes de información, equipos de cómputo y dispositivos móviles que fueron objeto de la auditoría ordenada por el actual gobierno. Entre las personas presuntamente afectadas figuran la exvicefiscal Martha Mancera, expresidentes, líderes políticos y generales retirados.
El exfiscal calificó los hechos como una infamia y una vulneración grave a los derechos humanos, advirtiendo que este caso podría ser solo el inicio de una investigación mayor sobre criminalidad organizada desde el Estado. La defensa de Barbosa solicitó celeridad en el proceso para evitar la pérdida de evidencias y pidió ser reconocido como víctima dentro de la indagación. Por su parte, los abogados de otros afectados han respaldado la necesidad de esclarecer quiénes ordenaron, ejecutaron y se beneficiaron de la información recopilada ilegalmente.
Análisis Político
La estrategia de Barbosa se centra en la victimización institucional, posicionándose como un defensor de la independencia judicial frente a lo que denomina una 'parafiscalía' o estructura paralela. Al vincular los presuntos seguimientos con las investigaciones que su administración adelantó contra el entorno del expresidente Petro, el exfiscal busca dotar de un carácter político y de persecución a las revelaciones de la auditoría, capitalizando el descontento contra la gestión anterior.
En este escenario, el exfiscal gana protagonismo mediático y legitimidad ante sectores de oposición, mientras que el gobierno anterior y sus instituciones de inteligencia pierden credibilidad ante la opinión pública. La narrativa se construye mediante la contraposición entre el Estado de derecho y el uso autoritario de los aparatos de inteligencia, forzando a las autoridades actuales a actuar bajo la presión de una auditoría forense que ya ha entregado material probatorio significativo a la Fiscalía.
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