El 7° Juzgado de Garantía de Santiago decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional para el exdiputado Gabriel Silber tras su formalización por los delitos de soborno y lavado de activos. La medida cautelar fue resultado de un acuerdo previo entre la defensa del abogado, el Ministerio Público y los querellantes, incluyendo a Codelco y el Consejo de Defensa del Estado. El tribunal también rechazó un incidente de nulidad presentado por la defensa de otro de los imputados en la misma causa. La investigación, derivada del caso Audios, indaga presuntos pagos irregulares destinados a favorecer al Consorcio Belaz Movitec en litigios contra Codelco ante la Corte Suprema. Según la Fiscalía, Silber habría recibido cerca de 95 millones de pesos de origen ilícito y coordinado gestiones con la exministra Ángela Vivanco y su pareja, Gonzalo Migueles. La audiencia incluyó la reformalización de otros siete implicados, entre ellos la exmagistrada, quien sostiene que no existen pruebas de haber recibido dinero. La defensa de Silber calificó la medida como una decisión procesal estratégica y no como una admisión de responsabilidad. El exdiputado reafirmó su disposición a seguir colaborando con el Ministerio Público para el esclarecimiento de los hechos. El tribunal, por su parte, accedió a prorrogar el plazo de investigación por 25 días adicionales.

Análisis político

La estrategia de defensa de Gabriel Silber se basa en la colaboración activa con el Ministerio Público, buscando mitigar el impacto de las medidas cautelares mediante acuerdos previos con los querellantes. Esta táctica busca evitar la prisión preventiva, permitiendo al imputado mantener su libertad bajo restricciones mientras intenta desvincularse de la responsabilidad penal directa en los hechos investigados. El evento afecta la imagen de figuras políticas y judiciales, profundizando la crisis de confianza institucional en Chile. Mientras la Fiscalía fortalece su narrativa mediante la trazabilidad de dineros y la vinculación de actores clave, los imputados construyen una defensa basada en la negación de los hechos y la supuesta inexistencia de pruebas concluyentes, lo que prolonga la disputa pública sobre la integridad del sistema judicial.