Un informe de Transparencia por Colombia reveló que, entre el 22 de junio y el 10 de julio de 2026, las entidades públicas suscribieron 43.092 contratos por un valor cercano a los 7,6 billones de pesos. Esta actividad contractual se disparó inmediatamente después de que concluyera la vigencia de la Ley de Garantías, normativa que restringe la contratación directa durante los periodos electorales para evitar el uso indebido de recursos públicos. El análisis detalla que el Gobierno Nacional fue responsable de 6.717 de estos contratos, sumando 3,4 billones de pesos. La modalidad de contratación directa fue la más utilizada, representando dos de cada tres acuerdos firmados por las entidades nacionales. Dentro de este grupo, el 96% correspondió a contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, lo que ha generado alertas sobre posibles riesgos de corrupción y falta de competencia. Entidades como el Sena, el ICBF, el Dane y la Agencia Nacional de Tierras fueron identificadas como las más activas en este proceso de reactivación contractual. El director de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández, advirtió que este comportamiento refleja un patrón preocupante de concentración de gastos en periodos cortos. Ante esta situación, la organización instó al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella a revisar la viabilidad financiera de estos compromisos y a reformar la ley de contratación. El objetivo es reducir la dependencia de la contratación directa y fortalecer la planeación estatal para garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos.

Análisis político

La estrategia observada responde a una dinámica de cierre de gestión donde el gobierno saliente busca ejecutar presupuestos pendientes aprovechando el fin de las restricciones electorales. Esta práctica, aunque legal, es utilizada por la oposición para construir una narrativa de desorden administrativo y posible corrupción, cuestionando la idoneidad de los contratos firmados en la transición. La alta concentración de contratos de prestación de servicios permite al gobierno saliente dejar una estructura de personal vinculada, lo cual limita la flexibilidad operativa del gobierno entrante. En este escenario, el gobierno saliente pierde legitimidad ante la opinión pública al ser señalado por la falta de transparencia y el uso discrecional de los recursos, mientras que el gobierno entrante gana capital político al posicionarse como un fiscalizador que llega a poner orden. La narrativa se construye mediante la contraposición entre la eficiencia técnica, defendida por los entes de control, y la urgencia política de ejecutar recursos antes del cambio de mando, lo que profundiza la desconfianza institucional durante el periodo de empalme.