Enfrentamientos con drones en Briceño dejan 78 personas desplazadas en Antioquia
Resumen
Los enfrentamientos armados en el municipio de Briceño, Antioquia, han provocado el desplazamiento forzado de 78 personas pertenecientes a 34 familias. Los combates involucran al Frente 36 del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), bajo la línea de alias 'Calarcá', las 'Guerrillas Campesinas Los Cabuyos' y el Clan del Golfo. El uso de drones cargados con explosivos en las veredas El Roblal y Travesías ha generado un riesgo inminente para la población civil y daños en viviendas rurales.
La Defensoría del Pueblo mantiene vigente la Alerta Temprana de Inminencia 019 de 2025, advirtiendo sobre la expansión territorial de estos grupos en el nordeste antioqueño. Las autoridades municipales han activado planes de contingencia para atender a los desplazados que llegan al casco urbano, mientras la cifra de afectados continúa siendo preliminar. La situación refleja una crisis de seguridad persistente que ha afectado la movilidad, la educación y la salud en la región durante el último año.
Diversos actores, incluyendo defensores de derechos humanos y académicos, cuestionan la efectividad de la política de seguridad departamental actual. Mientras la Gobernación de Antioquia ha solicitado el despliegue de capacidades del Ejército Nacional para restablecer el orden, la Defensoría reitera el llamado a los grupos armados para respetar el derecho internacional humanitario. La confrontación se centra en el control de corredores estratégicos para economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.
Análisis Político
La estrategia observada se basa en la consolidación de control territorial mediante el uso de tecnología bélica no convencional, como los drones, para desplazar comunidades y debilitar a grupos rivales. Esta táctica busca imponer reglas de juego en zonas rurales, estigmatizando a la población civil para facilitar la hegemonía de los actores armados en corredores estratégicos. La respuesta institucional, centrada en el incremento de la fuerza pública y redes de informantes, se percibe como insuficiente frente a la capacidad de adaptación y expansión de las disidencias y el Clan del Golfo.
En este escenario, la población civil es la principal perdedora, enfrentando el confinamiento y el desarraigo, mientras los grupos armados ganan visibilidad y control sobre rentas ilegales. La narrativa de los grupos armados se construye sobre la disputa de legitimidad territorial, mientras que la institucionalidad intenta mantener una narrativa de protección y asistencia humanitaria. La persistencia de la violencia en Briceño evidencia una brecha entre las alertas tempranas emitidas por los organismos de control y la capacidad real del Estado para prevenir la degradación del orden público.
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