A siete años del 18 de octubre de 2019, diversas mediciones de opinión pública reflejan una evaluación mayoritariamente negativa sobre las consecuencias del estallido social en Chile. Estudios de Criteria y Panel Ciudadano UDD coinciden en que una proporción significativa de la población, que alcanza hasta el 64% en algunas mediciones, califica el evento como perjudicial para el país. Paralelamente, persiste un sentimiento de insatisfacción, con un 68% de los encuestados señalando que las demandas sociales que originaron las protestas aún no han sido resueltas. Los datos muestran una evolución compleja en la percepción ciudadana respecto a la legitimidad de las movilizaciones y el uso de la violencia. Mientras el rechazo a la destrucción de bienes públicos y a la violencia como método de cambio social ha crecido drásticamente desde 2019, un 49% de los consultados aún considera que las protestas fueron una expresión válida. Existe además una división de opiniones sobre la actuación de Carabineros durante el periodo, con cifras muy estrechas entre quienes condenan la violencia policial y quienes priorizan las agresiones contra los uniformados. El contexto actual está marcado por una paradoja donde, a pesar del balance negativo, crece la percepción de que el estallido era inevitable debido a problemas estructurales como la desigualdad, las pensiones y los abusos. La mayoría de los encuestados sostiene que existen motivos para seguir manifestándose, aunque esta postura varía según la identificación política. Estos resultados se presentan en un clima de debate público donde se discuten temas como posibles indultos a uniformados y la memoria histórica del conflicto.

Análisis político

La estrategia política predominante en este aniversario se articula a través de la disputa por la memoria y la interpretación de las causas del malestar. Mientras sectores de derecha consolidan una narrativa centrada en el orden público, la condena a la violencia y el rechazo a la 'romantización' de las protestas, otros actores intentan mantener vigente la legitimidad de las demandas sociales originales para presionar por reformas estructurales. Esta polarización se refleja en cómo cada sector utiliza las encuestas para validar su postura sobre la gestión del gobierno actual y la necesidad de cambios. En este escenario, el gran perdedor es la estabilidad del consenso político, ya que la persistencia de la percepción de demandas insatisfechas sugiere que el sistema político no ha logrado canalizar eficazmente el descontento acumulado. Por otro lado, los actores que logran capitalizar el rechazo a la violencia y el deseo de orden parecen ganar terreno en la opinión pública, aunque la persistencia de la idea de que el estallido fue 'inevitable' impide que el debate se cierre definitivamente, manteniendo una tensión latente que condiciona la agenda legislativa y electoral.