La ciudadanía chilena manifiesta un respaldo mayoritario a las medidas de seguridad propuestas por el gobierno del presidente José Antonio Kast, según revelan los sondeos de Cadem y el Panel Ciudadano UDD. Las iniciativas con mayor adhesión incluyen el aumento de penas para el reclutamiento de menores, el despliegue policial en barrios críticos y la tipificación de la pertenencia a organizaciones criminales como delito. Estas propuestas forman parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) presentada recientemente por el Ejecutivo. El mandatario ha destacado estos resultados como una validación popular de su gestión y de la Ley de Reconstrucción Nacional, a pesar de que las encuestas también reflejan una desaprobación presidencial que alcanza el 56% en la medición de Cadem. Mientras el 63% de los encuestados por la UDD considera que el Congreso debería aprobar la agenda, existe un escepticismo generalizado sobre la disposición de la oposición para viabilizar estas reformas. Solo un tercio de los consultados confía en que el paquete legislativo será despachado antes de Navidad. Las mediciones exponen una brecha significativa en la percepción política, especialmente respecto al uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Mientras la derecha muestra un apoyo casi unánime a estas medidas, los sectores de izquierda presentan niveles de respaldo considerablemente menores. La desconfianza sobre el actuar legislativo de la oposición contrasta con la expectativa ciudadana de una rápida implementación de las políticas de seguridad.

Análisis político

La estrategia del gobierno se centra en capitalizar el alto respaldo ciudadano a medidas de seguridad de corte punitivo para presionar al Congreso, utilizando las encuestas como un mecanismo de legitimación frente a la oposición. Al vincular la agenda de seguridad con una demanda social transversal, el Ejecutivo intenta aislar políticamente a los sectores que se oponen a sus reformas, presentándolos como un obstáculo a la voluntad popular. El gobierno gana en términos de control de la agenda pública al instalar sus prioridades, pero pierde en la gestión de su imagen institucional, dado que la alta desaprobación presidencial persiste a pesar del apoyo a sus políticas específicas. La oposición, por su parte, enfrenta el riesgo de ser percibida como un bloque obstruccionista, mientras que el oficialismo construye una narrativa donde la seguridad es un deber ineludible del Estado, polarizando el debate entre la urgencia ciudadana y la lentitud del proceso legislativo.