Andrés Arrieta, el empresario en prisión preventiva por el caso del "rin raja" en Vitacura, declaró voluntariamente ante la Fiscalía de Las Condes. El imputado admitió haber golpeado a los adolescentes y obligado a varios de ellos a subir a su camioneta la noche del 10 de julio. Arrieta calificó su propio actuar como una "barbaridad" y descartó que el incidente fuera una respuesta a situaciones de bullying previo contra sus hijos. El relato del empresario atribuye su comportamiento a un estado de "estrés fulminante" derivado de una alta carga laboral, problemas familiares y falta de sueño. Según su versión, no hubo planificación ni intención de secuestrar a los menores, sino un arrebato impulsivo tras escuchar gritos y el timbre de su casa. El imputado también negó haber portado el arma de fuego incautada en su domicilio durante el altercado, asegurando que esta se encontraba guardada. La declaración busca matizar la gravedad de los hechos ante la justicia, ofreciendo disculpas públicas a las víctimas y sus familias. Arrieta manifestó su disposición a cumplir medidas cautelares fuera de su domicilio actual, específicamente en San Fernando, para mitigar el temor de los afectados. El caso continúa bajo investigación por los delitos de sustracción de menores, lesiones, amenazas y porte ilegal de arma.

Análisis político

La estrategia de defensa de Arrieta se centra en la humanización del imputado mediante la construcción de una narrativa de "colapso emocional" frente a la presión del entorno. Al desvincular el acto de una planificación criminal y atribuirlo a factores externos como el estrés laboral y personal, busca reducir la percepción de peligrosidad social, un elemento clave para intentar modificar la medida cautelar de prisión preventiva. En este escenario, el empresario pierde legitimidad social al reconocer la violencia ejercida, mientras que las víctimas y sus familias consolidan su posición como afectados por un abuso de poder desproporcionado. La narrativa del "arrebato" intenta contrarrestar la acusación de secuestro, pero el reconocimiento de la violencia física y la retención forzada dificulta que el imputado logre una percepción de inocencia, dejando el desenlace en manos de la calificación jurídica que realice el Ministerio Público.