El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, calificó como decepcionantes las declaraciones de los ministros de Agricultura, Jaime Campos, y de Defensa, Fernando Barros, quienes criticaron duramente la imposición de un arancel del 12,5% a productos chilenos. El diplomático advirtió que estos comentarios, que calificó de provocativos, dificultan las negociaciones comerciales en curso y sugirió que los secretarios de Estado desconocen los detalles del Tratado de Libre Comercio. Judd enfatizó que el proceso de diálogo sigue abierto y pidió que las conversaciones sean conducidas exclusivamente por los equipos técnicos. El canciller Francisco Pérez Mackenna intentó contener la tensión diplomática, reafirmando que la Cancillería es la única entidad facultada para liderar las tratativas con Washington. El ministro evitó responder directamente a las críticas del embajador y llamó a mantener la calma, enfocándose en el trabajo técnico necesario para revertir la medida arancelaria antes de finales de agosto. Esta postura busca evitar un mayor deterioro en la relación bilateral mientras se intenta alcanzar un acuerdo comercial. La oposición política reaccionó con dureza ante la intervención del embajador, exigiendo que el Gobierno tome medidas diplomáticas, como una nota de protesta, por lo que consideran una injerencia inaceptable en asuntos internos. Legisladores de diversos sectores cuestionaron la falta de respeto del diplomático hacia las autoridades nacionales, mientras que otros sectores políticos señalaron la falta de coordinación interna en el gabinete del Presidente José Antonio Kast como el origen del conflicto.

Análisis político

La estrategia observada refleja una pugna entre la diplomacia técnica tradicional y la política de declaraciones públicas, donde el Gobierno de Kast enfrenta un desorden comunicacional que debilita su posición negociadora. El Ejecutivo intenta centralizar el discurso en la Cancillería para no entorpecer el diálogo con Estados Unidos, mientras que ministros de otras carteras utilizan una retórica confrontacional para apelar a sus bases electorales, priorizando la soberanía nacional sobre la pragmática comercial. En este escenario, el gran perdedor es la coherencia del Gobierno, que se ve expuesto a una doble presión: la exigencia de resultados económicos por parte de los sectores productivos y la crítica externa de un socio estratégico. El embajador Judd gana terreno al imponer los términos del debate, obligando al Gobierno a defenderse tanto de la medida arancelaria como de sus propias declaraciones internas, mientras que la oposición capitaliza el desorden para cuestionar la capacidad de gestión de la administración actual.

El Gobierno de Chile inició una estrategia de negociación con Estados Unidos tras la imposición de un arancel del 12,5% a diversos productos nacionales, bajo el argumento estadounidense de insuficiencias en la lucha contra el trabajo forzoso. El canciller Francisco Pérez Mackenna, junto a gremios empresariales, busca ampliar el listado de bienes exentos, que actualmente alcanza al 60% de las exportaciones, incluyendo el cobre. Para avanzar en este objetivo, se confirmó la visita a Chile del representante comercial adjunto de Estados Unidos, Jeff Goettman, programada para finales de agosto. La medida ha generado reacciones dispares dentro del Ejecutivo, donde el ministro de Defensa, Fernando Barros, calificó la decisión como injusta y desconcertante, cuestionando la solidez de la relación bilateral. Por su parte, el canciller y otros sectores gubernamentales han optado por una postura de cautela, enfatizando que el Tratado de Libre Comercio sigue vigente y que la política arancelaria de Washington es una medida global que afecta a múltiples países. El sector exportador, representado por gremios como la SNA y la Sofofa, ha manifestado preocupación por la pérdida de competitividad que implica este gravamen. La controversia se intensificó tras las críticas del canciller hacia organizaciones no gubernamentales chilenas, a las que acusó de haber entregado información errónea ante autoridades estadounidenses sobre la existencia de trabajo forzoso en el país. Mientras el Gobierno defiende la institucionalidad laboral chilena, citando informes previos del Departamento de Estado que validan los estándares nacionales, los gremios han señalado una supuesta deslealtad por parte de dichas ONGs. La administración busca ahora unificar criterios para enfrentar la negociación técnica que definirá el futuro de los productos afectados en el mercado estadounidense.

Análisis político

La estrategia política del Gobierno chileno se centra en la contención de daños mediante la diplomacia técnica y la coordinación público-privada, buscando desvincular la medida arancelaria de una supuesta crisis en la relación bilateral. Al enmarcar el arancel como una política global de Estados Unidos, el Ejecutivo intenta evitar un costo político interno que lo vincule con un fracaso en su política exterior, mientras utiliza la visita de un alto funcionario estadounidense como una oportunidad para revertir la decisión mediante argumentos económicos y de complementariedad comercial. En este escenario, el Gobierno y los gremios exportadores se posicionan como los principales interesados en una resolución rápida, mientras que las ONGs críticas y el ministro de Defensa representan polos opuestos que tensionan la narrativa oficial. El Ejecutivo gana si logra revertir el arancel, pero pierde legitimidad si la percepción de una relación debilitada con Washington se consolida. La construcción de narrativas es divergente: mientras el Gobierno apela a la institucionalidad y al libre comercio, sectores críticos y figuras del gabinete exponen una narrativa de decepción y desconfianza, lo que complica la imagen de unidad que el Ministerio de Relaciones Exteriores intenta proyectar.