La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó una nueva acusación formal contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes se encuentran detenidos en Estados Unidos desde enero de 2026. El expediente sostiene que, en 2013, Maduro se reunió con los entonces jefes de las Farc, Rodrigo Londoño, Iván Márquez y Jesús Santrich, para negociar el pago de una deuda derivada de actividades de narcotráfico. Según los fiscales, el acuerdo consistió en la entrega de explosivos provenientes de las reservas militares venezolanas a cambio de saldar dicha obligación financiera. El documento judicial detalla que esta relación entre el régimen venezolano y grupos armados colombianos, incluyendo al ELN, se extendió durante años y facilitó el tráfico de cocaína y el suministro de armamento. La acusación describe el uso de vehículos oficiales, habitualmente destinados al transporte de combustible, para movilizar armas hacia puertos venezolanos con el fin de enviarlas al exterior. Además, el expediente incorpora cargos por conspiración para cometer torturas contra opositores y ciudadanos estadounidenses, consolidando una tesis de protección estatal a redes criminales. Aunque los antiguos líderes de las Farc son mencionados explícitamente en el relato de los hechos, el documento aclara que no figuran como acusados en este nuevo escrito judicial. La defensa de Cilia Flores ha solicitado el arresto domiciliario argumentando un deterioro en su salud, mientras el proceso penal continúa su curso en Nueva York. Las autoridades estadounidenses subrayan que estos señalamientos deberán ser probados ante el tribunal durante el desarrollo del juicio.

Análisis político

La estrategia de la Fiscalía estadounidense busca consolidar una narrativa de 'narcoterrorismo' que trasciende el tráfico de drogas, vinculando directamente al régimen venezolano con la provisión de capacidades bélicas a grupos armados colombianos. Al situar la supuesta reunión en 2013, en pleno proceso de paz de La Habana, la acusación intenta cuestionar la legitimidad de los actores involucrados y presionar por una mayor rendición de cuentas sobre las alianzas ocultas de las Farc durante las negociaciones. En este escenario, el gran perdedor es la imagen de los antiguos líderes guerrilleros, quienes ven cómo su pasado es escrutado bajo una óptica criminal internacional, lo que debilita su capital político y su narrativa de paz. Por otro lado, el sistema judicial estadounidense gana legitimidad al presentar un caso robusto que conecta la represión interna en Venezuela con la desestabilización regional, obligando a los actores políticos colombianos a posicionarse frente a estas nuevas revelaciones sobre la complicidad transnacional.