El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle rechazó que las protestas de octubre de 2019 en Chile fueran un fenómeno natural o espontáneo. Durante un seminario sobre identidad y cohesión social, el exmandatario argumentó que los indicadores económicos de la época, caracterizados por altos ingresos per cápita y bajos niveles de pobreza, contradicen la tesis de un descontento orgánico. Frei cuestionó además la falta de resultados concluyentes de las comisiones investigadoras que analizaron los hechos en años anteriores. El exjefe de Estado reveló que el expresidente colombiano Iván Duque advirtió en 2019 al entonces mandatario Sebastián Piñera sobre la articulación de grupos políticos regionales para generar movilizaciones. Frei enfatizó la necesidad de esclarecer cómo se coordinó la destrucción simultánea de estaciones de Metro mediante el uso de acelerantes. Sus declaraciones coinciden con la controversia generada por el embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, quien atribuyó los disturbios a organizaciones de izquierda. La autoridad del Ministerio Público, el fiscal nacional Ángel Valencia, señaló que las indagatorias sobre el estallido social podrían reabrirse si se presentan nuevos antecedentes formales. Paralelamente, el Ejecutivo citó al embajador estadounidense a la Cancillería para solicitar información detallada sobre sus afirmaciones. Estas posturas reavivan el debate político sobre la naturaleza y las causas de la crisis social que afectó al país.

Análisis político

Las declaraciones de Frei reflejan una estrategia de la vieja guardia política para reinterpretar el estallido social, distanciándose de la narrativa de crisis estructural y alineándose con tesis de intervención externa. Al invocar advertencias internacionales y cuestionar la espontaneidad del movimiento, el sector busca validar la gestión de la transición y criticar la falta de profundidad en las investigaciones judiciales previas, intentando recuperar la legitimidad de los acuerdos políticos tradicionales frente a la actual fragmentación del Congreso. En este escenario, el sector que defiende la tesis de la intervención externa gana terreno al instalar una narrativa de seguridad y orden, mientras que los sectores que promovieron el estallido como una demanda social legítima pierden capacidad de control sobre el relato histórico. La construcción de estas narrativas contrapuestas profundiza la polarización, donde el uso de testimonios de figuras internacionales y la posible reapertura de causas judiciales se convierten en herramientas para disputar la memoria colectiva y la responsabilidad política de los hechos de 2019.