La mañana del domingo 6 de septiembre, el departamento del Cauca fue escenario de ataques simultáneos contra la Fuerza Pública en los municipios de Inzá, Cajibío y El Patía. Grupos armados, identificados preliminarmente como disidencias de las Farc, utilizaron drones cargados con explosivos y ráfagas de fusil para hostigar una subestación de Policía en el corregimiento de El Carmelo y una base militar en Inzá. La ofensiva dejó un saldo inicial de tres uniformados lesionados por esquirlas en Cajibío, mientras que en las otras zonas no se reportaron bajas militares inmediatas. La población civil de las áreas afectadas se vio obligada a refugiarse en sus viviendas ante la intensidad de los combates y el uso de tecnología no convencional por parte de los grupos ilegales. Los habitantes grabaron videos donde se observa el sobrevuelo de drones lanzando cargas explosivas, lo que ha generado un llamado urgente a los organismos de derechos humanos por el riesgo inminente que enfrentan las comunidades. La presencia de estos dispositivos aéreos marca una escalada en la modalidad de ataque utilizada por las estructuras armadas en la región. El Ejército Nacional informó que sus unidades, con el apoyo de la Fuerza Aérea, reaccionaron para contener las acciones y restablecer el control territorial en los sectores afectados. Las autoridades mantienen operaciones sostenidas en el departamento para enfrentar a los frentes Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, señalados como responsables de estas incursiones. Este evento se suma a una reciente ola de violencia que también ha afectado instalaciones militares en Norte de Santander, evidenciando la persistencia de la disputa territorial por parte de grupos armados.

Análisis político

La estrategia de los grupos armados se centra en el uso de tecnología de bajo costo, como drones adaptados, para vulnerar la seguridad de las instalaciones fijas de la Fuerza Pública, forzando una respuesta militar que a menudo expone a la población civil. Esta táctica busca demostrar capacidad de control territorial y desafiar la presencia estatal, utilizando el miedo como herramienta para inmovilizar a las comunidades locales y dificultar las operaciones de contención del Estado. El Gobierno central y la Fuerza Pública pierden legitimidad operativa al no lograr prevenir ataques recurrentes en zonas críticas, mientras que los grupos armados ganan visibilidad y capacidad de presión en el marco de la disputa por corredores estratégicos. La narrativa oficial se enfoca en la reacción oportuna y el restablecimiento del orden, mientras que la narrativa de las comunidades y defensores de derechos humanos subraya la vulnerabilidad y el abandono estatal, creando una brecha de percepción sobre la efectividad de la política de seguridad actual.