Disidencias de alias Calarcá declaran objetivo militar a tres alcaldes de Antioquia
Resumen
El frente 36 de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias 'Calarcá', declaró como objetivo militar a los alcaldes de Santa Rosa de Osos, Carolina del Príncipe y Gómez Plata. La amenaza, difundida a través de un panfleto el 7 de septiembre, también incluye a líderes sociales, servidores públicos y ciudadanos señalados de colaborar con la Fuerza Pública o el Clan del Golfo. Este hecho intensifica la preocupación por el orden público en el norte y nordeste de Antioquia, regiones con presencia histórica de grupos armados ilegales.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunció públicamente la situación y exigió al Gobierno nacional una ofensiva contundente para desarticular estas estructuras criminales. El mandatario departamental enfatizó que los alcaldes no están solos y solicitó que toda la capacidad del Estado se despliegue para garantizar la seguridad de los funcionarios y la población civil. La administración departamental ha mantenido una postura de confrontación directa contra los grupos armados, independientemente de su denominación o ideología.
La escalada de violencia en la zona se enmarca en una disputa territorial entre diversos grupos armados, incluyendo el frente 36 y el Clan del Golfo. Antecedentes como el atentado con explosivos en Carolina del Príncipe en mayo y el derribo de un helicóptero policial en Amalfi el año anterior refuerzan la gravedad de las advertencias actuales. La situación pone a prueba la capacidad de respuesta del Gobierno nacional frente a la presión que ejercen estas organizaciones sobre las autoridades locales.
Análisis Político
La estrategia del gobernador de Antioquia se centra en la visibilización inmediata de las amenazas para forzar una respuesta del Gobierno nacional, posicionándose como un defensor de la institucionalidad local frente al abandono estatal. Al exigir una ofensiva sin distinciones ideológicas, el mandatario busca deslegitimar cualquier intento de negociación política de los grupos armados, presentándolos exclusivamente como estructuras criminales que deben ser neutralizadas por la fuerza.
En este escenario, el gobernador gana capital político al mostrarse como un líder firme que protege a sus alcaldes, mientras que el Gobierno nacional pierde margen de maniobra al ser presionado para abandonar enfoques de diálogo en favor de una confrontación militar. La narrativa de las disidencias busca, por su parte, intimidar a la población y a los funcionarios para consolidar control territorial, utilizando la acusación de colaboración con el enemigo como justificación para sus acciones bélicas.
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