Diputados republicanos presentan denuncia penal por agresiones a estudiantes de la UCActualizado · hoy
Resumen
Un grupo de estudiantes de la Pontificia Universidad Católica, pertenecientes al Movimiento Gremial y Solidaridad, fue agredido por manifestantes durante una marcha convocada por la Confech. Los afectados realizaban una contramanifestación en el frontis de la Casa Central cuando fueron atacados con golpes, objetos contundentes y pintura. Diez alumnos requirieron atención médica y cuatro fueron trasladados a un centro hospitalario tras los incidentes.
El Gobierno, a través del subsecretario del Interior, Máximo Pavez, calificó el ataque como un acto cobarde y deleznable, anunciando que el Ejecutivo evalúa acciones legales por desórdenes públicos. La Universidad Católica también condenó los hechos y presentó una denuncia ante Carabineros para identificar a los responsables. La institución enfatizó que la libertad de expresión no justifica la violencia contra quienes sostienen posturas políticas distintas.
Cinco diputados del Partido Republicano formalizaron una denuncia penal ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte para investigar las agresiones. Los parlamentarios solicitaron revisar cámaras de seguridad y registros audiovisuales, además de indagar el posible uso de sustancias inflamables durante el ataque. La movilización estudiantil, que contó con versiones contrapuestas sobre el número de asistentes, terminó con al menos 31 personas detenidas según cifras policiales.
Análisis Político
El evento evidencia una estrategia de polarización donde los actores políticos utilizan la violencia en espacios universitarios para reforzar sus narrativas ideológicas. Mientras el sector opositor busca capitalizar el hecho denunciando la impunidad y la supuesta complicidad de sectores académicos, el Gobierno intenta posicionarse como un garante del orden público y la convivencia democrática, buscando una condena transversal que aísle a los grupos violentos.
El Partido Republicano gana visibilidad al liderar la acción judicial, posicionándose como defensor de los estudiantes agredidos y cuestionando la legitimidad de las movilizaciones estudiantiles. Por el contrario, los organizadores de la marcha pierden legitimidad pública al verse vinculados con actos de violencia, lo que debilita su capacidad de interlocución y permite que el debate se desplace desde sus demandas originales hacia la condena de los desórdenes.
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