Diputados de la UDI buscan reducir presupuesto del INDH a mil pesos para forzar cierre
Resumen
La bancada de diputados de la UDI anunció la presentación de una indicación en la próxima Ley de Presupuestos 2027 para reducir a $1.000 los recursos asignados al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Los parlamentarios Sergio Bobadilla, Alejandra Valdebenito y Hotuiti Teao sostienen que esta medida es necesaria para forzar el cierre del organismo hasta que se concrete una reforma profunda a su gobernanza. La iniciativa busca paralizar las operaciones de la institución, argumentando que ha perdido su rumbo original y que no corresponde seguir financiándola con recursos públicos.
Los legisladores fundamentaron su ofensiva enumerando una serie de controversias que, a su juicio, justifican la intervención. Entre los hechos citados destacan las supuestas presiones internas durante el estallido social para calificar violaciones a los derechos humanos, la toma de la sede central por ocho meses y el rol del organismo en la entrega de pensiones de gracia. Asimismo, cuestionaron el uso de fondos en la contratación de productoras de eventos y viajes al extranjero, además de la gestión del actual director, Yerko Ljubetic, respecto a proyectos de seguridad pública.
La propuesta ha generado un debate sobre la fiscalización de los organismos autónomos y el uso de la Ley de Presupuestos como herramienta de presión política. Los diputados gremialistas enfatizaron que no aceptarán cambios cosméticos y que la institución debe dejar de funcionar mientras no se garantice una transformación estructural. Esta acción marca un punto de tensión en la relación entre el Congreso y el INDH, poniendo en duda la continuidad operativa de la entidad para el próximo año fiscal.
Análisis Político
La estrategia de la UDI utiliza la tramitación presupuestaria como una herramienta de presión política directa para forzar una reforma estructural en un organismo autónomo. Al proponer una reducción simbólica a $1.000, el partido busca instalar una narrativa de fiscalización y austeridad, trasladando el costo político de la existencia del INDH hacia el Gobierno y la propia institución, bajo la premisa de que el organismo ha sido capturado por agendas ideológicas ajenas a su mandato original.
En este escenario, la UDI gana visibilidad ante su electorado al posicionarse como un actor que busca corregir lo que denomina una gestión ineficiente y sesgada, mientras que el INDH pierde legitimidad institucional ante la opinión pública al quedar expuesto a cuestionamientos sobre su administración financiera y su rol en temas de seguridad. La construcción de narrativas es divergente: mientras los parlamentarios presentan el cierre como una medida de responsabilidad fiscal y modernización, el INDH queda en una posición defensiva, debiendo justificar su existencia frente a una ofensiva que amenaza su viabilidad operativa.
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