El diputado Jaime Bassa (FA) cuestionó la reciente reinauguración del monumento al general Manuel Baquedano en Plaza Italia, afirmando que el espacio seguirá siendo conocido como Plaza Dignidad. El parlamentario calificó la ceremonia de restauración como una parafernalia desproporcionada y argumentó que las autoridades intentan ocultar el malestar social persistente en el país. Sus declaraciones fueron realizadas días después de que el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, encabezara el acto oficial de retorno de la escultura. La respuesta desde el oficialismo y sectores de oposición fue inmediata y crítica, calificando los dichos de Bassa como una muestra de nostalgia octubrista y desprecio por las instituciones. El alcalde Bellolio acusó al diputado de coquetear con la violencia y de mantener una postura coherente con el fracaso de la Convención Constitucional. Otros parlamentarios, como Ximena Ossandón y Javiera Rodríguez, señalaron que el diputado confunde la dignidad colectiva con la furia de un sector político específico. El debate refleja una profunda división sobre la interpretación del estallido social de 2019 y el rol de los símbolos patrios en el espacio público. Mientras Bassa insiste en que la protesta social es un derecho vigente ante la falta de soluciones a problemas como el empleo, sus detractores sostienen que el país ha superado esa etapa y exige orden y respeto a la historia nacional. La disputa subraya la persistencia de narrativas contrapuestas sobre la identidad y la estabilidad institucional en Chile.

Análisis político

Se observa una estrategia de polarización simbólica donde el espacio público funciona como un campo de batalla para validar o rechazar el legado del estallido social. El oficialismo y la derecha buscan consolidar una narrativa de restauración del orden y la institucionalidad, utilizando la figura del general Baquedano como un tótem de estabilidad frente al caos. Por su parte, Bassa intenta mantener vigente la agenda de demandas sociales, posicionándose como un actor que resiste la normalización de un sistema que considera injusto. En este evento, el alcalde Bellolio gana capital político al presentarse como un gestor que recupera el patrimonio y el orden, mientras que Bassa corre el riesgo de quedar aislado en una retórica que sus opositores califican como obsoleta. La construcción de narrativas es divergente: para unos, el retorno de la estatua es un acto de justicia histórica y democracia; para otros, es un intento deliberado de borrar la memoria de la crisis social y el descontento ciudadano.