DIAN decomisa 463 drones en Buenaventura y Cartagena durante operativos de controlActualizado · hoy
Resumen
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ejecutó operativos de control aduanero que resultaron en la aprehensión de 463 drones en los puertos de Buenaventura y Cartagena. En Buenaventura, las autoridades hallaron 360 unidades ocultas dentro de un contenedor de juguetes, mientras que en la zona franca La Candelaria, en Cartagena, se retuvieron 103 dispositivos adicionales. La entidad determinó que la empresa involucrada en el caso de Cartagena carecía de capacidad económica para respaldar la operación comercial, lo que derivó en la medida cautelar sobre la mercancía avaluada en aproximadamente 357 millones de pesos.
El presidente Abelardo de la Espriella vinculó estos hallazgos con la seguridad nacional, advirtiendo que este tipo de tecnología podría ser utilizada por organizaciones criminales para fortalecer sus capacidades bélicas. El mandatario enfatizó que el Gobierno intensificará la vigilancia para evitar que estos equipos sean empleados en ataques contra la Fuerza Pública o la población civil. Esta postura se alinea con un plan de control intensificado desplegado por la DIAN durante la temporada de fin de año para combatir el contrabando y el tráfico de elementos con fines delictivos.
La relevancia de estos operativos se sustenta en el incremento del 146 % en los ataques con drones reportado por la Defensoría del Pueblo durante el primer semestre de 2026. Este fenómeno ha dejado un saldo de 21 personas fallecidas y 145 heridas, lo que convierte a la tecnología no tripulada en un factor de riesgo crítico para los derechos humanos. Ante la situación, la administración local de Candelaria, Valle del Cauca, manifestó su disposición para colaborar con las autoridades judiciales en el esclarecimiento de los hechos relacionados con el destino de los dispositivos.
Análisis Político
La estrategia política del Gobierno se centra en la securitización de las funciones aduaneras, utilizando los decomisos de la DIAN como una herramienta de comunicación directa para proyectar autoridad y control territorial. Al vincular el contrabando de tecnología con la amenaza del 'narcoterrorismo', el Ejecutivo construye una narrativa de lucha frontal contra el crimen organizado, posicionando a la seguridad como un activo innegociable y central en su agenda pública.
En este escenario, el Gobierno gana legitimidad al mostrar resultados operativos tangibles que responden a una preocupación ciudadana creciente por la violencia, mientras que los actores criminales pierden capacidad logística y operativa. La construcción de la narrativa oficial busca deslegitimar cualquier actividad comercial sospechosa, asociándola directamente con el terrorismo, lo que permite al Estado justificar medidas de control más estrictas y centralizadas en los puertos del país.
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