Deuda pública de Colombia alcanza 1.273 billones de pesos al cierre de 2025Actualizado · hace 15 días
Resumen
La Contraloría General de la República informó que la deuda pública de Colombia cerró el año 2025 en 1.273,51 billones de pesos, lo que equivale al 68,7 % del Producto Interno Bruto. Este incremento de 97,77 billones respecto a 2024 fue impulsado principalmente por el aumento en la deuda interna, que alcanzó los 835,33 billones de pesos. El Gobierno Nacional Central concentró la mayor parte de este endeudamiento, con un saldo de 1.060,41 billones de pesos, apoyado en la emisión de títulos de tesorería (TES B).
El organismo de control advirtió sobre los riesgos de sostenibilidad fiscal, señalando que factores como un crecimiento económico inferior al 2,6 % proyectado, el aumento de las tasas de interés reales y la depreciación del peso podrían elevar la deuda neta por encima del 60 % del PIB. Aunque la deuda externa disminuyó en términos nominales debido a la apreciación del peso colombiano durante 2025, el informe subraya que el costo de los intereses y el déficit primario representan presiones significativas para las finanzas estatales. La entidad enfatizó la necesidad de una hoja de ruta clara para reducir el endeudamiento a largo plazo.
Paralelamente, datos sobre el cierre de agosto de 2026 indican que la deuda bruta del Gobierno Nacional se situó en 1.068 billones de pesos, reabriendo el debate sobre la gestión fiscal del Ejecutivo. La Contraloría emitió siete alertas durante 2026, incluyendo hallazgos con incidencia disciplinaria contra el exministro de Hacienda, Germán Ávila, por el manejo de la deuda. Analistas advierten que este nivel de endeudamiento presiona las tasas de interés, encarece el crédito para hogares y empresas, y limita el margen de maniobra para la inversión pública.
Análisis Político
La estrategia política observada se centra en la gestión de la deuda interna como mecanismo principal de financiamiento ante la volatilidad de los mercados externos, lo que ha generado una tensión directa entre el Ejecutivo y los organismos de control. El Gobierno ha priorizado la liquidez inmediata mediante la emisión de TES, mientras que la Contraloría ha adoptado un rol de fiscalización preventiva, emitiendo alertas que buscan trasladar la responsabilidad política de la sostenibilidad fiscal hacia el Ministerio de Hacienda.
En este escenario, el Gobierno pierde capital político al enfrentar cuestionamientos disciplinarios y advertencias sobre el impacto del déficit en el costo de vida de los ciudadanos, lo que debilita su narrativa de estabilidad económica. Por el contrario, los organismos de control y analistas independientes ganan relevancia al construir una narrativa de prudencia fiscal, posicionando el manejo de la deuda como un factor determinante que condiciona el bienestar de los hogares y la capacidad de inversión del país para los próximos años.
Actualizado y revisado por el equipo editorial de Prensa Inteligente
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