El Fondo E de las AFP, considerado el más conservador del sistema previsional chileno, acumuló una rentabilidad negativa del 10,4% entre enero y septiembre de 2026. Esta desvalorización, que asciende a 7.700 millones de dólares, se originó por estrategias de inversión en derivados financieros que apostaban a una baja en las tasas de interés de Estados Unidos. El alza inesperada de dichas tasas, impulsada por presiones inflacionarias globales y el conflicto en Irán, revirtió las ganancias previas y afectó el valor de los bonos de renta fija. La Asociación de AFP defendió su gestión calificándola como una estrategia de largo plazo, argumentando que las fluctuaciones son reversibles y que el valor conjunto de los multifondos ha crecido durante el año. Por su parte, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, atribuyó la situación a decisiones tomadas por el gobierno anterior, asegurando que la actual administración ya ha implementado medidas correctivas. El Ejecutivo mantiene el monitoreo de la situación, descartando riesgos económicos mayores a los ya informados. Diversos parlamentarios de distintos sectores políticos han solicitado investigar las responsabilidades de las administradoras y citar al superintendente de Pensiones a la Comisión de Trabajo. Expertos y economistas han cuestionado la alta exposición al riesgo en un fondo diseñado para la estabilidad, señalando que las advertencias del Banco Central y la Superintendencia sobre el uso de derivados fueron desatendidas. La normativa que limita estas inversiones entrará en vigor el próximo 4 de noviembre, obligando a las AFP a ajustar sus posiciones.

Análisis político

La estrategia política del Gobierno se centra en desviar la responsabilidad hacia la administración anterior, utilizando el evento para validar sus propias medidas correctivas y evitar un costo político directo. Por otro lado, la oposición y sectores críticos utilizan el desplome del Fondo E para cuestionar la legitimidad del sistema de AFP, reactivando el debate sobre la seguridad de los ahorros previsionales y la necesidad de reformas estructurales. En este escenario, las AFP pierden credibilidad ante la opinión pública al ser percibidas como gestoras de riesgos excesivos en fondos conservadores, mientras que el Gobierno intenta contener el descontento social para evitar que el evento derive en nuevas demandas de retiros de fondos. La narrativa se construye mediante la contraposición entre la visión técnica de las administradoras sobre la 'rentabilidad de largo plazo' y la percepción ciudadana de 'abuso' y 'ruleta financiera' impulsada por los parlamentarios.