Gobierno publica ley de Reglas de Uso de la Fuerza tras impugnación opositora
Resumen
La Ley 21.849, que establece las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) para las fuerzas de orden y seguridad, fue publicada este viernes en el Diario Oficial. La normativa concluye un proceso legislativo de tres años, aunque su entrada en vigor ocurre en medio de una controversia jurídica ante el Tribunal Constitucional. Un grupo de 16 senadores de oposición había presentado un requerimiento para impugnar disposiciones sobre el principio de proporcionalidad y el uso de fuerza potencialmente letal.
El Ejecutivo, liderado por el Presidente José Antonio Kast, solicitó al Tribunal Constitucional declarar inadmisible el requerimiento opositor por considerarlo extemporáneo. Según el Gobierno, el decreto promulgatorio ingresó a la Contraloría General de la República horas antes de que los parlamentarios presentaran su acción legal. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, defendió la celeridad del proceso argumentando la necesidad urgente de dotar a las policías de herramientas legales claras.
Por su parte, los senadores requirentes sostienen que su acción fue diligente y que la demora en la presentación se debió a la falta de acceso oportuno a documentos oficiales del Congreso necesarios para fundamentar el recurso. Parlamentarios como Juan Luis Castro han advertido que el Tribunal Constitucional debe emitir un veredicto sobre la admisibilidad, cuestionando la estrategia del Gobierno de acelerar la promulgación para evitar el control constitucional. La resolución sobre la admisibilidad del requerimiento está programada para la próxima semana.
Análisis Político
La estrategia del Gobierno refleja un uso táctico de los plazos administrativos para neutralizar la oposición legislativa, una práctica recurrente en administraciones anteriores. Al acelerar la promulgación, el Ejecutivo busca blindar la ley frente a revisiones judiciales, priorizando la implementación de su agenda de seguridad sobre el control preventivo de constitucionalidad. Esta maniobra busca consolidar una narrativa de eficacia y respaldo a las policías, dejando a la oposición en una posición defensiva donde su única vía de acción es un litigio técnico con pocas probabilidades de éxito.
El Gobierno gana terreno al presentar a la oposición como un sector que obstaculiza la legitimidad policial, mientras que los parlamentarios opositores pierden capacidad de maniobra política al quedar atrapados en un debate procedimental. La construcción de narrativas es divergente: el oficialismo enfatiza el amplio respaldo parlamentario y la urgencia de la ley, mientras que la oposición intenta desplazar el foco hacia la protección de derechos fundamentales y el respeto a las facultades de fiscalización del Tribunal Constitucional.
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