Un colapso de talud en una mina de oro a cielo abierto en la vereda Puerto Rico, municipio de Policarpa, Nariño, dejó un saldo de 13 personas fallecidas y siete heridas. El incidente ocurrió la noche del miércoles 19 de agosto durante labores de extracción, provocando que el material sepultara a los trabajadores presentes. Las víctimas incluyen a cuatro integrantes de una misma familia del pueblo indígena Quillasinga. Las labores de búsqueda y rescate se extendieron hasta la madrugada del jueves con la participación de organismos de socorro, bomberos de la región y la comunidad local, quienes utilizaron maquinaria pesada para remover los escombros. El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, activó la capacidad de respuesta institucional y coordinó acciones con la alcaldía municipal. Los sobrevivientes fueron trasladados a centros asistenciales en Policarpa y Pasto para recibir atención médica. Existe una divergencia en la descripción técnica del evento, pues mientras funcionarios locales atribuyen el hecho al movimiento de tierras por la extracción, otras fuentes mencionan una explosión previa causada por acumulación de gases. La zona es reconocida por la presencia de minería informal y la operación de grupos armados ilegales, lo que complica el control de seguridad y la prevención de riesgos. Las autoridades han anunciado una revisión de las condiciones en las que operan estas actividades mineras en el departamento.

Análisis político

La tragedia pone en evidencia la debilidad del control estatal en zonas rurales de difícil acceso, donde la minería ilegal se consolida como una fuente de ingresos ante la falta de alternativas económicas. La estrategia política se centra en la gestión de la crisis y la coordinación interinstitucional para mitigar el impacto social, mientras se intenta deslindar responsabilidades sobre la legalidad de la explotación minera. El Estado pierde legitimidad al no garantizar condiciones de seguridad laboral en territorios bajo influencia de grupos armados, mientras que las comunidades locales resultan las más afectadas al asumir los riesgos de una actividad precaria. La narrativa oficial oscila entre el accidente laboral por negligencia técnica y la problemática estructural de la minería ilegal, reflejando la dificultad del gobierno para imponer orden en regiones donde las economías ilícitas prevalecen sobre la regulación formal.