El Instituto Nacional de Estadísticas informó que la tasa de desocupación nacional alcanzó el 9,4% en el trimestre móvil abril-junio de 2026, cifra que representa un incremento de 0,5 puntos porcentuales en doce meses. Este resultado se explica por un crecimiento de la fuerza de trabajo del 1,5%, el cual superó al aumento de las personas ocupadas, que fue de apenas un 0,9%. El desempleo se mantiene así en su nivel más alto de los últimos cinco años, afectando de manera diferenciada a hombres y mujeres con tasas del 8,7% y 10,4% respectivamente. La calidad del empleo se ha convertido en el eje central del debate, debido a que la creación de puestos de trabajo ha dependido mayoritariamente de la informalidad, la cual alcanzó un 27% a nivel nacional. Expertos advierten que el empleo asalariado formal continúa retrocediendo, lo que implica una precarización del mercado laboral donde el trabajo por cuenta propia ha ganado terreno. Esta tendencia se observa con mayor intensidad en regiones como el Biobío y Coquimbo, donde las tasas de desocupación y ocupación informal presentan variaciones significativas respecto al promedio nacional. El Gobierno, a través de los ministerios de Economía y Trabajo, ha calificado la cifra como una señal de resiliencia ante el invierno, aunque reconoce la urgencia de revertir la tendencia mediante el programa Modo Empleo. Las autoridades han implementado subsidios a la contratación y planes de reconstrucción para incentivar la creación de empleos formales, esperando que el segundo semestre marque un punto de inflexión. Mientras tanto, sectores de la oposición han cuestionado la gestión actual, atribuyendo el deterioro del mercado laboral a políticas heredadas y a la falta de dinamismo en la inversión privada.

Análisis político

La estrategia política del Gobierno se centra en la narrativa de la 'resiliencia' y la 'urgencia', buscando transformar una cifra negativa en una oportunidad para promocionar sus herramientas de reactivación, como el subsidio a la contratación. Al etiquetar el momento como un posible 'punto de inflexión', el Ejecutivo intenta controlar las expectativas ciudadanas y evitar que el desempleo se consolide como un costo político permanente, mientras desplaza la responsabilidad hacia factores estacionales y la herencia de la administración anterior. En este escenario, el Gobierno gana tiempo al mostrar capacidad de respuesta técnica, pero pierde credibilidad ante los sectores que perciben una precarización estructural del mercado laboral. La oposición, por su parte, construye una narrativa de 'crisis de gestión' para capitalizar el descontento, utilizando los datos de informalidad como evidencia de un modelo que no logra generar estabilidad. La disputa política se dirime así entre la defensa de la gestión de emergencia y la crítica a la falta de empleos de calidad, dejando a los trabajadores informales como el grupo más vulnerable y políticamente disputado.